¿Sabías que el rey no puede ser juzgado por los 100 millones que defraudó gracias a que el PSOE junto con el PP cambiaron la ley?

Cuando el rey abdicó en 19 de junio de 2014 lo hizo a través de una ley orgánica. Desde ese día el campechano ya no era inviolable tal como reza el artículo 56.3 de la Constitución:

“La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.

A su vez, dispone el 64 que:

”Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99 (si no se obtuviere la confianza de ningún candidato a la Presidencia transcurridos dos meses a partir de la primera votación de investidura) serán refrendadas por el Presidente del Congreso”; y,

“De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.

El único acto que el Rey puede efectuar sin refrendo es, de acuerdo con el 65.2: “nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa”.

Es entonces cuando el PP y el PSOE se dieron cuenta de que el dejar de ser inviolable podría traer futuros problemas a la imagen de la corona, más que nada porque esos partidos políticos sabían cómo era el personaje...

¡Vida loca!

Por eso, tres semanas después, se sacaron de la manga una ley orgánica que dice bien claro en su preámbulo IV:

Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad. Por el contrario, los que realizare después de haber abdicado quedarán sometidos, en su caso, al control jurisdiccional, por lo que, al no estar contemplado en la normativa vigente el régimen que debe aplicársele en relación con las actuaciones procesales que le pudieran afectar por hechos posteriores a su abdicación, se precisa establecer su regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En este sentido, el nuevo artículo que se introduce atribuye el conocimiento de las causas civiles y penales que contra él se pudieran dirigir por los referidos hechos al Tribunal Supremo, atendiendo a la dignidad de la figura de quien ha sido el Rey de España, así como al tratamiento dispensado a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado.

Y similares razones concurren en la necesidad de dotar de idéntico aforamiento ante el Tribunal Supremo a la Reina consorte o al consorte de la Reina, a la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como al consorte del Rey o de la Reina que hubiere abdicado.


"Cualquier que fuere su naturaleza" quiere decir que si encontraran una docena de cadáveres enterrados en La Zarzuela no ocurría nada si hubieran sido asesinados antes de la abdicación.

Por lo tanto, tal como han demostrado con su silencio, la casa real y el gobierno, NO HAY TEMA sobre el caso de los 100 millones de fraude fiscal.
No será juzgado, ni deberá devolver el dinero, ni irá a la cárcel como La Pantoja.

Otra cosa sería que lo hiciese ahora, pero sería el Tribunal Supremo el que lo juzgaría (ver foto de abajo de estas líneas para ver quién manda en ese órgano...).

Es lo que hay; atado y bien atado.
Si no te gusta esta Constitución, búscate otra...
O jódete...