Una empresa del vicio de
GIBRALTAR paga al Madrid para que se negociara en el palco el cambio de leyes.
El Madrid, por lo tanto, supuestamente está implicado en una causa de corrupción mafiosa y tráfico de influencias.
La camiseta oficial del Real Madrid luce con grandes caracteres la marca comercial BWIN, una empresa con sede fiscal en Gibraltar dedicada al juego ‘online’.
Pero lo que es menos conocido es el contenido del contrato firmado en mayo de 2007 -en tiempos de Ramón Calderón- entre el equipo blanco y BWIN International Ltd.
En particular, la cláusula 16, que compromete al Real Madrid a hacer las gestiones necesarias ante la Administración autonómica para que las autoridades legalicen el juego ‘online’.
La cláusula, en concreto, anticipa que BWIN “estudiará solicitar una licencia administrativa”; pero, al mismo tiempo, deja meridianamente claro que “el Real Madrid deberá efectuar todos los esfuerzos posibles para ayudar a BWIN en sus conversaciones con las autoridades locales con el propósito de introducir en la regulación todas las modificaciones que la hagan accesible también para los operadores de juego online”.
Objetivo cumplido. La regulación sobre el juego ya está aprobada, aunque sin regularización fiscal, y el principal impulsor de la norma ha sido, precisamente, el abogado del Estado Juan Carlos Alfonso Rubio, subdirector general de Regulación del Juego. Y anteriormente secretario no consejero de Real Madrid Gestión de Derechos en su calidad de director de la asesoría jurídica de Sogecable, una de las sociedades que se benefician del acuerdo suscrito entre la multinacional del juego y el club blanco.
Alfonso Rubio cesó en su cargo en el club blanco el 14 de julio de 2009, e inmediatamente después, el 1 de octubre, pilotó el proceso de privatización de Loterías del Estado como director de Coordinación.
Sogecable, a través de Prisa Televisión, controlaba el 10% de Real Madrid Gestión de Derechos, sociedad creada en 2004 para la explotación comercial del equipo de fútbol, y, lógicamente tenía intereses en la legalización del juego ‘online’, toda vez que parte de sus ingresos dependía de ello.
La citada cláusula establece, de hecho, que si alguna autoridad judicial, orden, decreto u ordenanza, impidiera al Real Madrid lucir la marca BWIN en sus camisetas -se trataba en aquel momento de una actividad sin regulación específica- se reduciría de forma relevante la cuantía del suculento contrato.
Y que ascendía, según la documentación que obra en poder de este periódico, a ocho millones de euros en la temporada 2007/08, y quince millones durante las dos siguientes temporadas. Con pluses adicionales en función de los resultados deportivos. El contrato fue prorrogado en abril de 2009 por tres temporadas más, apenas dos meses antes del regreso de Florentino Pérez a la presidencia del club.
Apariencia de legitimidad
Los temores de la compañía gibraltareña (obviamente por razones fiscales) eran fundados. La actividad del juego ‘online’ no estaba legalizada y se corría el riesgo de que no lo fuera, y por eso siempre ha extrañado que una sociedad sin actividad legal en España pagara tanto dinero al Real Madrid por lucir su logotipo. Parece evidente que BWIN, con esta estrategia, sólo pretendía dar apariencia de legitimidad. O, incluso, de legalidad, ante sus futuros clientes y construir una imagen de marca con la ayuda del Real Madrid a través de su capacidad de influencias sobre la Administración.
El célebre palco del Santiago Bernabéu.
El contrato convierte de a BWIN no sólo en patrocinador oficial y principal del Real Madrid, sino también en patrocinador de apuestas y juegos de azar del equipo blanco.
El acuerdo con BWIN lo firmó José Ignacio Rivero Pradera, por entonces vicepresidente del Real Madrid, y también José Ángel Sánchez, el actual hombre fuerte del club en representación de Florentino Pérez, además de Miguel Ángel Arroyo, por entonces director general de la Fundación del Real Madrid.
La presencia de Alfonso Rubio al frente de la subdirección general de Ordenación del Juego ha dado, sin duda, resultados. La nueva Ley se tramitó en el Congreso en apenas tres meses e incluso el proceso de adjudicación de licencias de carácter estatal se ha querido limitar a apenas mes y medio, cuando en la Comunidad de Madrid, que tiene competencias sobre el juego, no tardan menos de dos años. A mediados de noviembre de 2011 se abrió el concurso y se pretendía que antes del 30 de diciembre estuviera cerrado el procedimiento.
La hemorragia legislativa ha sido tal que en los días previos a las elecciones generales la dirección general del Juego metió el turbo. Nada menos que once resoluciones vieron la luz entre el 30 de octubre y el 20 de noviembre, nueve de ellas durante los cuatro días anteriores al 20-N.
Las prisas eran tales que los anteriores responsables del juego se comprometieron ante el sector ‘online’ a tener todo el proceso de adjudicaciones antes del 30 de diciembre, es decir, en pleno traspaso de poderes. Incluso el 16 de noviembre, cuatro días antes de las elecciones, se hicieron las convocatorias para la concesión de licencias.
Pero algunas empresas ya tenían lista la documentación para comenzar a operar ‘al día siguiente’.
Sólo la llegada de un nuevo director general, Enrique Alejo, que no procede del mundo del juego, ha alterado el calendario previsto. Bwin, en todo caso, contaba con socios influyentes. Como publicó este periódico, hace tres años contacto con la parlamentaria europea y ex ministra de Educación, Cultura y Deportes, Pilar del Castillo, para establecerse de forma definitiva en España.
