El ciudadano será propietario, gestor y custodio de su identidad en cualquier relación electrónica con el sector público o privado.
La tecnología será DLT, en el que la base de datos lo gestionan varios participantes y no están centralizados. No existe una autoridad central que ejerza de árbitro y verificador. El registro distribuido aumenta la transparencia -dificultando cualquier tipo de fraude o manipulación- y es un sistema más complicado de ‘hackear’.
