La justicia belga ha rechazado este viernes extraditar a España al exconsejero catalán de Cultura Lluís Puig. El político de Terrassa, exiliado en Bruselas desde hace casi 3 años, fue reclamado por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado noviembre por un delito de malversación en el caso contra los líderes del procés, pero la Cámara del Consejo belga ha notificado a la defensa por vía telemática que no tramitará la euroorden cursada en su contra.
En su última comparecencia ante el juez belga hace mes y medio, Puig argumentó que no hay ningún indicio de malversación, puso en duda la competencia del Supremo para juzgarle, y contraatacó acusando a España de vulnerar derechos fundamentales. Este viernes, el juez belga ha dado por bueno el segundo de esos razonamientos. “La Cámara del Consejo ha rechazado la ejecución del mandato de arresto europeo al considerar que la autoridad española que lo ha emitido no es competente para hacerlo”, ha señalado en un comunicado.
El abogado de la defensa Gonzalo Boye ha explicado que “lo que se ha establecido es que el Supremo no es competente porque los acusados no eran aforados”. Y cree, por tanto, que debió haber sido “un juzgado ordinario de Barcelona, el que por turno corresponda”, el encargado de remitir la orden. Pese a la decisión favorable, por ahora, los abogados de Puig son prudentes, y no le recomiendan que abandone Bélgica porque Francoland se salta las leyes y resoluciones europeas
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha mostrado confiado en que la victoria de Puig se extrapole a los demás, y ha cargado contra la justicia española. “Si el Tribunal Supremo no es competente para juzgar a Puig no lo es para juzgar a los otros”. “Pido la nulidad del juicio falso, la amnistía, la libertad de los políticos presos y el fin de la causa general contra el independentismo que Europa ahora ha revelado”.
