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| ¿Cómo era eso de que una Catalunya independiente no podría pagar las pensiones? |
La reforma que prepara el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se basa en un informe de la Autoridad Fiscal, que presidía antes de entrar en el Gobierno y que establecía que se podía suprimir el déficit de las pensiones absorbiendo una parte de las cotizaciones de desempleo y moviendo otra parte de subsidios y gastos de funcionamiento a Hacienda. Es decir, trasladaba el agujero a las cuentas de otros ministerios. Sin embargo, el gobernador alertó ayer de que ese traspaso no solucionará el problema y el Estado seguirá teniendo que hacer un esfuerzo muy importante en los próximos años para ajustar las cuentas.
El desfase seguirá ahí. Y en cualquier caso esa iniciativa no cubriría el aumento del gasto provocado porque cada vez haya más pensionistas por trabajador. De aquí a 2048 se espera que el número de pensionistas aumente de 10 millones a 15. Y por lo tanto se prevé que esta relación dé un salto desde un pensionista por cada tres trabajadores a uno por cada dos. O dicho de otro modo, pasarán de ser un 30% de la fuerza laboral a un 60% en 2050.
Aunque el gobernador admitió una incertidumbre importante sobre las previsiones de pensiones, insistió en que hay que tomar las decisiones basándose en perspectivas rigurosas y no particularmente optimistas. De hecho, su informe recoge por ejemplo que las previsiones de la Autoridad Fiscal se formulaban sobre la base de que volverá a haber dos hijos por mujer, cuando ahora la ratio está en 1,3.
Según los cálculos del Banco de España, si no se toman medidas, el déficit estructural de las Administraciones podría alcanzar el 6,7% del PIB tras la pandemia. En estos números el gobernador consideraba que se volvían a revalorizar las prestaciones con la inflación o los 3.000 millones de mayor gasto que implica la renta mínima recién aprobada. Y subrayó que con la covid-19 el empleo puede comportarse peor durante un tiempo, engordando aún más la desviación de las cuentas de la Seguridad Social. Ante un reto tan ingente, Hernández de Cos puso el énfasis en la necesidad de un consenso. Y reclamó responsabilidad a los diputados. Todo ello para dar seguridad a los pensionistas y los mercados.
Comentó además la posibilidad de que se limitasen algo las revalorizaciones, pero subiéndolas siempre para las mínimas. Recordó que se puede elevar el número de años de cotización para calcular la pensión. Y apuntó que se podría valorar un incremento de la edad de jubilación por encima de los 67 a los que gradualmente se está llegando. Por ejemplo, si se elevase a 70 se podría rebajar la ratio entre jubilados y personas en edad de trabajar en algo más de diez puntos.
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