De cada 100 altos funcionarios, 60 son de Madrid y solo 4 son catalanes.

Los cuerpos de altos funcionarios del Estado están formados muy mayoritariamente por personas de las regiones centrales de España. El sistema de elección centenario y memorístico, las tradiciones familiares, y también argumentos históricos, llevan a la formación de un cuerpo de directivos públicos con poca pluralidad geográfica y también elitistas. Estos trabajadores controlan las estructuras de poder a través de sus influencias en la política. Pero también porque muchos de ellos terminan haciendo el salto a la política activa o en las grandes empresas.


Cuando Zapatero ganó sus primeras elecciones por sorpresa, después de los atentados del 11 de marzo de 2004, un alto funcionario del Estado, de derechas, expresó su satisfacción a Carles Ramió, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Su razonamiento era el siguiente: como Zapatero no tenía suficiente técnicos de confianza en las capas altas de la Administración, y se necesitan unas 1.000 personas para controlar el Estado, estaba convencido de que quien mandaría realmente no sería el flamante presidente español, sino que los altos funcionarios podrían maximizar su influencia y ejercer un auténtico gobierno en la sombra. Como se vio más tarde con las promesas incumplidas, desde el Estatut a la gestión del aeropuerto de El Prat.

La anécdota explica con claridad la existencia de una capa densa y gruesa de trabajadores públicos a las altas esferas de la Administración, con un poder capaz de marcar la dirección política del Estado, a pesar de la falta de legitimación democrática. Son básicamente los abogados del Estado, interventores, personal diplomático, miembros de la judicatura, técnicos de hacienda, así como economistas del Estado, entre otros. Lo que algunos han llamado deep state, pero que funciona desde mucho antes que los anglicismos hicieran hueco entre nosotros. Los directivos del Estado, que acceden a sus cargos a través de un centenario sistema de oposiciones memorísticas, forman un cuerpo de personal envejecido, eminentemente masculino y con un alarmante sesgo geográfico, con presencia testimonial de las regiones periféricas del estado, en favor de las regiones centrales, y especialmente la Comunidad de Madrid. "La política madrileña está totalmente dominada por el funcionariado. Allí no gobierna el PSOE ni el PP, sino que gobiernan los cuerpos de funcionarios", dice Ramió.

Infrarrepresentación del arco mediterráneo
El profesor de la Universidad Complutense de Madrid Jorge Crespo González ha intentado objetivar este sesgo territorial. Ha puesto la lupa sobre algunos de los cuerpos de altos funcionarios del Estado y ha puesto negro sobre blanco un desequilibrio que era conocido, pero hasta ahora poco estudiado. En concreto, según sus trabajos académicos, entre los administradores civiles y a la carrera diplomática del Estado, la preeminencia de funcionarios madrileños es arrolladora, hasta cuadruplicar su peso, respecto a lo que representan en el conjunto de la población española. Mientras tanto, la presencia de catalanes en estos cuerpos apenas es de una quinta parte de la que le correspondería por población. Dicho de otro modo, de cada 100 altos funcionarios de estos cuerpos del Estado, más de sesenta son madrileños, y sólo cuatro son catalanes: 15 a 1. El resto se reparten, sobre todo, entre las dos Castillas y Navarra y, en menor medida, entre andaluces y vascos, mientras que el arco mediterráneo se encuentra, en general, infrarrepresentado. Y esta realidad, según él, se extiende también a otros cuerpos de altos funcionarios.

"En esencia, son unas cuantas familias, originarias muy mayoritariamente de Castilla y León, que se pasan de padres a hijos los cargos, y que dominan el Estado desde la época de Franco", sentencia, en una conversación con Media. cat, el presidente de un importante organismo de supervisión económica del Estado, que prefiere permanecer en el anonimato, y que señala especialmente el cuerpo de interventores generales -aquellos que controlan el cumplimiento presupuestario y que abren el grifo financiero (algo que puede comprobarse en la falta de cumplimiento en las inversiones en Catalunya). La conclusión puede parecer hiperbólica, pero el profesor Crespo la corrobora en términos más académicos, y señala como una de las causas principales de este sesgo la "reproducción profesional entre padres e hijos, por tradición familiar". Hay estirpes de altos funcionarios del Estado, y no para que los hijos de estos funcionarios tengan facilidades a la hora de hacer las oposiciones -ninguno de los expertos consultados no señala corrupción en el sistema de elección-, sino por un cóctel de factores sociales y económicos. Para empezar, el anticuado sistema de elección del alto funcionariado es "tan esotérico" para las nuevas generaciones que "no hay nadie que se lo plantee a menos que te lo hayan dicho desde pequeño", afirma Ramió. Las oposiciones para estos cuerpos son memorísticas, y requieren una preparación que va de los cuatro a los siete años, con profesores que viven en Madrid. El Estado no ha adoptado ninguno de los nuevos sistemas de elección del sector privado, como las entrevistas personales, o las incorporaciones de trabajadores por méritos, aunque incluso las agrupaciones de altos funcionarios como la Federación Española de Asociaciones de cuerpos Superiores de la Administración del Estado (FEDEC) lo piden, y han dejado de ser una opción para una gran parte de los estudiantes de las carreras que podrían nutrir los puestos de trabajo. Tanto es así, que el Estado tiene auténticos problemas para cubrir las plazas que ofrece: en 2018 sólo fue capaz de ocupar uno de cada tres puestos disponibles entre estos segmentos.



Sesgo social y de género
Este sistema de elección, además, impone un sesgo social a los altos funcionarios, para que sólo los hijos de familias con posibilidades de pagarles los estudios hasta los 30 años son capaces de completar el procedimiento necesario para acceder a estos cargos, y se convierte en una carrera elitista. Y aunque se añade un nuevo sesgo, que es el de género, para que sobre todo en las capas altas de los cuerpos funcionariales del Estado, y pese a que la Ley de Igualdad obliga a la paridad en la Administración, los puestos de responsabilidad entre el funcionariado están copados en una proporción de dos a uno para hombres, según un informe del Ministerio de Hacienda de 2017. Según la secretaria de Igualdad del sector de la Administración pública de CCOO, Pilar Seoane, en este caso, el problema no es con el diseño de las oposiciones, porque en estas sí se presentan muchas mujeres, sino en el sistema de promoción, que es por designación, y que reproduce los problemas que se ven en el sector privado en cuanto la brecha de géneros: "Como son hombres los que eligen, terminan eligiendo otros hombres e incumpliendo la ley", denuncia.

A pesar de que la ley obliga a la paridad, los puestos de responsabilidad funcionarial están copados en una proporción de dos a uno para hombres

Tras el sesgo territorial, Crespo señala también motivos de carácter histórico o cultural. Según él, el nivel de identificación de los ciudadanos de una comunidad determinada con el Estado influye a la hora de motivar a participar en su sector público. Esto, según él, también podría explicar en parte la falta de motivación de los catalanes para sumergirse en el deep state. Es la España castellana la que se siente más cerca del Estado, y el Estado acaba representado por esta España, por encima de las otras realidades nacionales que lo integran. Pero aún es más significativo, afirma, el hecho de que existan, históricamente, sectores productivos que han dado oportunidades al talento autóctono, más allá de la Administración pública. Es decir, que el dinamismo económico de Catalunya, dice, también ha frenado la conquista del Estado profundo, por la existencia de alternativas atractivas a la función pública en el sector privado.

Este sesgo geográfico ejerce de elemento disgregador del Estado, según los expertos consultados. "Si la Administración General del Estado es de todos, debe incorporar la complejidad del Estado", considera Crespo, que afirma que ganaría legitimidad si más ciudadanos encontraran dentro personas de su entorno social y cultural: "Al contrario, es más fácil identificar la Administración como algo impuesto por los demás, y no como una Administración también propia". Así, según este razonamiento, el sesgo geográfico va camino de intensificarse con los procesos de emancipación nacional como el que se vive en Catalunya, porque se produce una situación de retroalimentación: la distancia creciente de buena parte de la población catalana con la realidad administrativa española hace que pierda interés por formar parte. Esto acentúa el sesgo territorial del deep state, y a la vez aleja aún más a los ciudadanos de las regiones infrarrepresentadas, porque no se ven identificados en esta estructura de poder. Un pez que se muerde la cola.

Y es que el Proces también ha puesto de relieve esta realidad. En buena medida, han sido cuerpos funcionariales como los jueces del Tribunal Supremo, los fiscales o los abogados del Estado los que han dirigido la respuesta del Estado. Y, esta vez, incluso de manera visible y televisada, y no sólo desde las bambalinas, ejerciendo de titiriteros del sistema. Esto acentúa aún más esta retroalimentación y distancia de manera acelerada una parte de la población catalana de la realidad administrativa española, que percibe como extraña y poco sensible a su razonamiento elemental. "Una gran parte del pestillo impuesto al régimen del 78 es consecuencia del bloqueo político impuesto por los altos funcionarios", dice el autor de Madrid es una isla, un libro sobre el centralismo del Estado español, Óscar Pazos. Ahí coincide Ramió, que ve un "marco mental" dominante entre los altos funcionarios del Estado, consecuencia, en gran parte, del sesgo social y territorial, que los imposibilita a mostrar sensibilidad con la pluralidad nacional del Estado, o con los procesos políticos como el catalán.



Un poder mastodóntico
Si este es el marco mental, los altos funcionarios del Estado tienen muchas herramientas para imponerlo. Porque el poder que abarcan estos cuerpos de la Administración es, según los expertos, mastodóntico. La proximidad del alto funcionariado con la política empieza desde la misma entrada a la Administración. Dentro de ésta, son los abogados del Estado quienes orientan los políticos sobre las posibilidades de despliegues de los textos legales o sobre las respuestas que debe dar el Estado a unos retos determinados. Son los interventores los que dicen que es y que no es posible o cuidadoso desde el punto de vista presupuestario, y son los técnicos de Fomento los que controlan el desarrollo de las infraestructuras del Estado, entre otros (como el no conectar el País Valencià y Catalunya con AVE).

Hay una estructura de 'puertas y ventanas giratorias' que lleva a los altos funcionarios a ocupar también el poder político y económico

Pero la influencia de estos cuerpos en el funcionamiento del día a día no se acaba aquí, porque estos mismos funcionarios forman una red de poder que sobrepasa sus puestos de trabajo. Hay una estructura de "puertas y ventanas giratorias", según Ramió, que les lleva a ocupar también el poder político y económico. La corte de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, era formada por abogados del Estado, compañeros de su promoción, que dieron el salto a la política de la mano del PP, y que coparon un poder casi absoluto durante los gobiernos de Mariano Rajoy. La promoción de Santamaría 1996, conocida en los entornos madrileños por La Gloriosa, envió 14 de sus 35 integrados en el gobierno de las grandes empresas, con ejemplos como Jaime Pérez Renovales, número dos de la promoción, detrás de Santamaría, que fue subsecretario de Presidencia a las órdenes de la vicepresidenta.

Esta ha sido una constante en los gobiernos españoles de los últimos 40 años, abonados parcialmente a la clásica estructura tecnócrata instaurada por Franco desde los años sesenta. Y son también altos funcionarios los que acaban ocupando organismos de designación política como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas. Pero el círculo de poder del alto funcionariado se completa con la etapa posterior al paso por la política, cuando muchos de los altos funcionarios del Estado dan el paso al Ibex, y cierran un círculo de poder ómnibus que acentúa problema del sesgo territorial.

Un ejemplo, también de La Gloriosa, el marido de Santamaría, Iván Rosa, que terminó de alto funcionario a Telefónica. "El 60% de los altos funcionarios están en excedencia, ocupando puestos políticos o en las grandes empresas", expresa Ramió.
Así, el sistema de elección del alto funcionariado, los factores culturales y la misma dinámica endogámica del poder en España están imponiendo una visión unificada dentro del deep state español, en un proceso que no tiene visos de revertirse. El Estado profundo aleja de la plurinacionalidad y uniformiza, y la plurinacionalidad se desentiende.

Aquí el artículo original en catalán:
https://www.media.cat/2020/03/11/15-madrilenys-per-cada-catala-al-deep-state/