¿El PSC detrás del traslado de la sede fiscal de AGBAR a Madrid...?

El traslado de la sede social de AGBAR (que no corporativa) huele a chamusquina. Y rascando un poco no damos cuenta que rápidamente aparecen 3 motivos.
El primero de todo es el de la estafa, timo de la estampita que nos ha metido AGBAR; el área metropolitana de Barcelona le regala 35 años de concesión (sin concurso público) y una vez obtienen ese contrato se marcha a pagar impuestos a Madrid...

Segundo, es evidente que tiene pinta de una vendetta por no conseguir la privatización de Aigües TER-LLOBREGAT

Y tercero, el tal Ángel Simón es de la órbita del Montilla. Los del PSC le ayudaron a subir dentro de AGBAR. Es indudable que, ante el proceso, el Simón ha dado motivos para que los socialistas pueden decir que las empresas se marchan de Catalunya...

-Me quedo todo el agua de Catalunya y los recibos de los usuarios catalanes. Les subo el agua un 66% y me voy a Madrid a pagar los impuestos con la excusa que es por culpa del procés...

Aquí les dejo la traducción del artículo de Marc Font "Agbar, un poder absoluto vinculado a favores políticos" publicado en elcritic.cat (con licencia creative commons).

VER AQUÍ ORIGINAL



El 1989, Jordi Pujol afronta su tercera legislatura al frente de la Generalitat, la segunda con mayoría absoluta, y el PSC controlaba buena parte de los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona, ​​el contrapoder socialista al dominio convergente en Catalunya. 

Aguas de Barcelona (Agbar), una compañía entonces en la órbita de La Caixa, se encargaba del suministro de agua en Barcelona, ​​así como otras grandes ciudades del Principado, como Tarragona. Al frente de la entidad financiera había José Vilarasau, mientras que la presidencia de la compañía de aguas la ostentaba Ricardo Fornesa. Aquel año, Ángel Simón (Manresa, 1957), un ingeniero de caminos, canales y puertos, fue nombrado por el PSC gerente de la antigua Área Metropolitana de Barcelona (AMB). 

26 años más tarde, Jordi Pujol está imputado por haber ocultado a Hacienda su fortuna en Andorra; Maragall padece Alzheimer y desde 2006 está retirado de la política activa; José Vilarasau dejó la presidencia de La Caixa en 2003; Ricardo Fornesa, que le sucedió al frente de la entidad financiera, murió en marzo del año pasado. Pero no todo ha cambiado. Agbar mantiene el suministro de agua a la mayor parte del área metropolitana de Barcelona. Eso sí, convertida en un grupo global que agrupa más de 150 empresas, bajo control del gigante francés Suez Environnement -80.000 trabajadores- y donde La Caixa tiene sólo un papel secundario, como accionista del holding francés. 

Hoy Agbar es presidida por aquel antiguo gerente de la AMB, Ángel Simón, que también es el vicepresidente ejecutivo de Water Europe -la rama del agua- en Suez Environnement. Casi todas estas personas han tenido un papel importante en la historia que cuenta el ascenso del ingeniero manresano en la cúpula de uno de los grandes grupos de servicios del mundo y la consolidación de Agbar como omnipotente actor del agua en Catalunya, con contratos muy lucrativos y una influencia incuestionable en las principales administraciones del país. 

En los últimos dos años y medio, tres hechos resumen el poder de la multinacional catalana. El 21 de mayo de 2013, precisamente la AMB aprobó -con los votos favorables del PSC y de CiU, la abstención del PP y de ERC y la oposición de ICV-EUiA la creación de la sociedad Aguas de Barcelona, ​​Empresa Metropolitana de Gestión del Ciclo Integral del Agua, SA, una empresa mixta público-privada, de la que Agbar controla el 85%, y el ente supramunicipal, el 15% restante. Con una concesión a 35 años, la sociedad mixta se encarga de la distribución del agua en baja, es decir, desde los depósitos hasta las hogares- en los 23 municipios donde ya actuaba la multinacional y del saneamiento y de la reutilización del agua en el conjunto de 36 poblaciones metropolitanas. Según un estudio de la plataforma Agua es Vida, la operación tiene un coste social de 5.600 millones de euros -lo que supone que, en promedio, cada familia tendrá que pagar 124 euros anuales más por el servicio-, pero garantiza unos ingresos multimillonarios a la transnacional y, sobre todo, sirvió para resolver la gestión ilegítima del servicio, que Agbar hacía sin contrato de concesión, como ya denunció el Anuario de los Silencios Mediáticos de 2012. 

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) vio "injustificada" la operación entre la AMB y Agbar, según consta en el informe abierto a raíz de una denuncia presentada por Agua es Vida que, sin embargo, fue  archivada. El segundo gran favor reciente de las administraciones catalanas en la compañía presidida por Ángel Simón confirmó el pasado 10 de julio de 2014, con la aprobación de un decreto -gracias a los votos de CiU y de ERC- mediante el cual la Agencia Catalana del Agua (ACA) cede a la AMB los recursos del canon del agua durante 30 años. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona lo denunció en un duro comunicado. A cambio, la empresa mixta controlada por Agbar debería pagar 800 millones a la Generalitat a cuenta de inversiones en saneamiento ya hechas por la Administración autonómica. Fuentes consultadas subrayan que todavía no se ha ejecutado el proyecto, pero sigue vivo en la espera de que un acuerdo interno dentro del AMB el desencalle. Según Agua es Vida, la operación supondría un "robo a la ciudadanía y a los ayuntamientos" porque "se pretende hacer pagar dos veces" por inversiones hidráulicas en parte ya amortizadas y pagadas con fondos de cohesión europeos que no han de devolver. 

Pero para la plataforma, que reúne movimientos vecinales y ecologistas, lo más grave es que en la práctica se entregaría un impuesto público como es el canon del agua a manos privadas. Y es que buena parte de los 140 millones anuales que ingresaba la Generalitat por este concepto los municipios metropolitanos pasarían a engrosar las cuentas de Agbar, con el paso previo para su filial con la AMB, que controla en un 85%. 

El tercer favor podría venir con la espinosa cuestión de la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL). El pasado 18 de febrero, el Tribunal Supremo emitió una sentencia denegatoria de la petición de Acciona de suspender la resolución del Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC), por la que se declaraba la adjudicación al consorcio liderado por la compañía (aprobada en los últimos días de 2012) como no ajustada a derecho. La que fue la privatización más grande en la historia del Gobierno catalán, a cambio de un ingreso de 1.000 millones de euros, estuvo marcada por la polémica desde el primer día. Agbar también aspira a la concesión de ATLL, que se encarga del abastecimiento en alta, es decir, desde las fuentes hasta los depósitos municipales-, y abrió una guerra judicial recurriendo contra la decisión de la Generalitat, con el argumento de que Acciona había incumplido las condiciones del concurso. Las instancias judiciales dieron la razón a la compañía propiedad de Suez Environnement. Ahora bien, mientras Agbar pretende que automáticamente ATLL pase a estar en su poder y obtener el control del ciclo integral del agua -abastament en alta y en baja-, la Generalitat no descarta abrir un nuevo concurso y la oposición en el Parlament se unió en enero para instar al Ejecutivo a dar marcha atrás y recuperar la gestión pública de la compañía, una petición compartida por Agua es Vida. 

De momento, el último episodio del serial es la denuncia que Agbar ha cursado a la Comisión Europea contra la Generalitat por no excluir Acciona de ATLL. En este sentido, una de las fuentes entrevistadas por el reportaje, con amplia experiencia en la gestión del agua, recuerda que "a pesar de la judicialización de estos negocios, el problema principal no es jurídico, sino político: las cosas se han hecho así porque se han querido hacer así ".

Detrás de las dos operaciones que garantizan unos ingresos millonarios a la multinacional está la AMB, considerado el último gran bastión de poder supramunicipal del PSC, aunque ahora quien gobierna sin muchos obstáculos es una coalición de los socialistas y de CiU. Si en un entorno político se mueve bien Ángel Simón, es precisamente en el poder local metropolitano de los socialistas. Maragall lo situó como gerente de la antigua CON en 1989, cargo que mantendría seis años durante los que forjaría estrechas relaciones con los emergentes capitanes del PSC, con José Montilla -entonces alcalde de Cornellà de Llobregat a la cabeza. Según las fuentes consultadas, que piden mantener el anonimato, el amplio conocimiento del mundo local y de los engranajes del sector público son factores clave que explican el rápido ascenso de Simón en Agbar, una compañía que obtiene una parte muy significativa de sus ingresos de las concesiones y adjudicaciones de las administraciones públicas. 

En 2008, en una entrevista, Simón llega a afirmar: "Mi trabajo consiste en que los alcaldes, si pudieran elegir cada día, escojan Agbar como prestador del servicio". No hay duda de que se ha salido con la suya, sobre todo con la creación de la empresa mixta de la AMB que, de golpe, recibió la concesión para 35 años del servicio en 23 municipios. Pero también con la consolidación de una empresa que actualmente bordea los 37 millones de clientes en todo el mundo, 14 de los cuales en España. Y con un imperio en crecimiento. En julio de 2013, se hizo con el control de la Compañía de Aguas de Sabadell (CASSA), con más de 167.000 clientes. También es el accionista principal de Mina, Aguas de Terrassa -más de 100.000 clientes-, tiene el 49% de la Empresa Municipal Mixta de Aguas de Tarragona (Ematsa) y el 31,4% de Girona SA, la sociedad privada formada también por Aqualia -filial de FCC- y CaixaBank, que controla el 80% de Aguas de Girona, Salt y Sarrià de Ter. 

Hace dos años, el pleno municipal de Girona prorrogó-le la concesión hasta 2020, con los votos favorables de CiU y del PP, la abstención del PSC y la oposición de la CUP y de ICV-EUiA. De las 11 ciudades más grandes del Principado, sólo en tres -Lleida, Mataró y Reus no tiene presencia Agbar. "En las concesiones, lo más importante no es como entrar, sino cómo encontrar motivos para no salir y para que se vaya prorrogando el contrato y se evite el concurso", dice otra de las fuentes consultadas, con una amplia experiencia en la gestión del agua en Catalunya. 

...

Simón cultiva bien las relaciones con el empresariado y los dirigentes políticos más importantes del Estado español. Un buen ejemplo fue la cena que el presidente de Agbar ofreció a los miembros del lobi del Foro Puente Aéreo en la misma Torre Agbar. Ese día, el invitado especial fue el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo. 

Aquí un interesante artículo sobre "AGBAR Chile" en ciperchile

El auge de Simón... "del desierto" no, precisamente

En 2010, Suez Environnement consiguió el control casi absoluto -más del 75% - de Agbar, un hecho que preocupaba el Gobierno catalán, que veía como el centro de decisión de la compañía se alejaba de Barcelona. El miedo, sin embargo, desvanecerse cuando en junio de ese año Ángel Simón era nombrado presidente ejecutivo de Agbar, en el que interpretó como un gesto de los responsables de la transnacional francesa para contentar Montilla, entonces presidente de la generalidad y vinculado al manresano desde el paso de éste por la AMB. 
...

En 2013, Simon fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Water Europe, la rama de Suez Environnement que agrupa tanto Agbar como Lyonnaise des Eaux. Y la compañía nacida en Barcelona hace casi un siglo y medio ha aumentado su poder casi omnímodo en Catalunya, con la constitución de la empresa mixta en el AMB y la casi terminada cesión del canon del agua por parte de la Generalitat como máximos ejemplos. Quedarse ATLL es una "vieja aspiración" de Ángel Simón, para que Agbar controle el ciclo integral del agua, y el hecho de no haberse salido con la suya en un primer término abrió una verdadera guerra que todavía se arrastra. Más allá de los recursos para tumbar la adjudicación al consorcio encabezado por Acciona, el conflicto no ha dejado de generar nuevos capítulos. Agbar denunció la antigua cúpula de la ACA en la Oficina Antifraude por presunta "prevaricación continuada" porque en junio de 2012 archivó la solicitud de la compañía para que le fueran abonados 1,45 millones de euros correspondientes a la gestión, liquidación y recaudación del canon del agua de los ejercicios de 2009 y de 2010, mientras que la ACA inició un expediente de revisión de las concesiones que Agbar utilizaba para abastecerse de agua en el río Llobregat.


¿Hay opciones de remunicipalizar el agua?
Superar escándalos importantes sin prácticamente consecuencias, más allá de un cierto ruido mediático, es una de las muestras más claras del poder de la compañía presidida por Ángel Simón. La gestión irregular del agua en Barcelona se resolvió a través del favor político de una administración pública, la AMB, cuestionado ahora también por la Oficina Antifraude. En febrero, la comisión de investigación del Ayuntamiento de Girona sobre Aguas de Girona, Salt y Sarrià -en la que participa Agbar- reveló que la compañía estuvo 20 años sin pagar el canon a los ayuntamientos, lo que le permitió ahorrarse 30 millones de euros que deberían haber llegado a las arcas públicas. Además, una filial del grupo, Aquagest, aparece en el 'caso Pokémon', una de las tramas de presunta corrupción destapadas en los últimos años en el Estado.

Si los diversos escándalos se suma el hecho de que el recibo del agua se ha disparado durante la crisis -un 66% hasta noviembre del año pasado y que la gestión desarrollada por grandes grupos corporativos está cada vez más bajo sospecha, no es extraño que aparezcan voces que reclamen la remunicipalización del servicio, es decir, que vuelva a manos públicas y la ejerza una compañía pública, bajo control democrático y sin la necesidad de obtener un beneficio para contentar a sus accionistas e inversores. El Principado, donde el 80% del agua está gestionada por empresas privadas, formaciones como la CUP o ICV han hecho su reclamación encabezada desde la sociedad civil para la plataforma Agua es Vida. Este reclamo no es ajeno a lo que ocurre en otras ciudades importantes del mundo, como, por ejemplo, París o Berlín, que han remunicipalizado el servicio de aguas. Según el informe 'Water remunicipalisation as a global trend', 180 municipios de todo el mundo han recuperado el servicio entre 2000 y 2014. En Catalunya, municipios como el Figaró-Montmany, Montornès del Vallès o Arenys de Munt vuelven a tener el servicio del agua en manos de empresas públicas, como también ocurre en Reus, en Mataró, en Manresa, el Prat de Llobregat o en Vilanova y la Geltrú, mientras que en ciudades como Terrassa se reclama la remunicipalización una vez termine la concesión actual.
(by Marc Font)