viernes, octubre 30, 2020

Lo que más miedo les da a los españoles es que los catalanes consumamos productos y servicios de casa, tal como podemos ver en las últimas intrucciones judiciales y resoluciones del Constitucional.

En las delirantes acusaciones del juzgado instrucción 1 de Barcelona podemos leer que la pretensión de poder comprar u opar AGBAR o Caixa d'Enginyers es sospechoso de delito...



En plan "¿cómo se atreven a querer un banco y una empresa de servicios?"

Supongo que ustedes se preguntaran ¿qué tiene de malo querer constituir un banco o una utilitie? Pues todo si usted no demuestra que es un feroz unionista.

España no permitirá jamás que las empresas que cambiaron de sede vuelvan a Catalunya y tampoco permitirá que bancos o compañías de servicios instaladas en el principado se hagan grandes.

De momento dejan que existan Parlem, Som Energia... porque no llegan a los 100.000 clientes.

Incluso, si Caixa d'Enginyers se hiciera mayor, se inventarían algo para que trasladara la sede a Madrid.

Pongamos el ejemplo de que Grifols, los dueños de Bon Àrea y alguien más quisiera hacerse con AGBAR. Pues el gobierno de Madrid no lo aceptaría.

Ya sé que todo esto no pasaría el filtro europeo, pero otros problemas tiene ahora la UE para fijarse si España es Turquía o no...


La evidencia de todo esto lo vemos también en la última resolución del Tribunal Constitucional que ha pasado desapercibida a pesar de su gravedad.

Haciendo un poco de historia, les recuerdo que un juzgado mercantil prohibió a la ANC su campaña Consum Estratègic, no solo les cerró la web sino que, además, no pueden ir por los pueblos a hacer charlas sobre el consumo de productos y servicios catalanes.

Bien, la cuestión es que la Generalitat lo llevó al Constitucional, no por el hecho de que no se puede prohibir una campaña en positivo, sino por un conflicto de competencias. Evidentemente ese arcaico tribunal falló que debe ser un organismo estatal el que decida si la ANC puede hacer o no una campaña a favor de los productos catalanes.

¿Y en qué se basaron esos jueces de Madrid?

Primero por cuestiones ideológicas:


Vean que no esconden su temor por el cambio de compañías:


Si se prohibe listas hechas por asociaciones, también puede llegar el caso de que ocurra lo mismo cuando haya campañas para que se consuman productos de una ciudad, tal como han hecho en Madrid...


Vuelven con el tema ideológico y, en su locura, creen que pedir el consumo de unos productos es hacer boicot a los otros...


Y para terminar, esos párrafos donde vemos su temor y su parcialidad:

Vamos a ver, si un consumidor deja una compañía por otra, no sé dónde esta el perjuicio..., salvo que eso afecte a una empresa de Madrid...
¿Acaso una pequeña eléctrica catalana no está en un sector regulado?

Concretando, les asusta que 2.000.000 de consumidores catalanes salgan de la facturación del Ibex 35. Quizás esos campus sede que tienen en Madrid deberían despedir a trabajadores...

Tampoco quieren que haya bancos catalanes, el mero hecho de pensarlo es utilizado en una instrucción judicial como una traición al Estado (Madrid).

Su estrategia es castrar todo lo relacionado con la nación catalana, empezando por la ideología, siguiendo con la lengua y terminando con el consumo.

En todo caso, sirve este post para recordar que el consumir productos y servicios catalanes les jode mucho y les asusta.
Motivo pues para hacerlo.

Aquí tienen otras webs de consumo catalán:

3 comentarios :

Anónimo dijo...

Independentista 1-0: Claro que les da mucho miedo. No somos conscientes de la fuerza que tenemos como consumidores.

Y ahora una buena noticia:
https://www.eleconomista.es/catalunya/noticias/10858139/10/20/MediaMarkt-incorporara-500-personas-a-un-centro-administrativo-internacional-en-Barcelona.html

Anónimo dijo...

Ellos necesitan de todo el aparato del Estado para continuar su economía extractiva, los catalanes nos valemos por nosotros mismos para levantar la economía, el problema es el lastre madrileño, es como correr encadenado

Anónimo dijo...

Erc y podemos deberían de pedir aumentar otra vez el salario mínimo de España. Caso que el gobierno se oponga no dar soporte a los presupuestos.