El Estado deja de ejecutar 1 de cada 5 euros presupuestados para Catalunya (-11.200 millones en 13 años).

Más de 11.200 millones de euros de inversión en las infraestructuras catalanas incluidos en los presupuestos generales del estado entre 2001 y 2013 nunca llegaron a Catalunya, según un análisis realizado por Més Economia a partir de datos de la Generalitat de Catalunya. La cifra es una prueba más del maltrato sistemático que recibe Catalunya en términos de inversión, y pone de manifiesto que, incluso, si se incluye en las cuentas públicas la nueva promesa de Madrid de invertir 4.200 millones de euros en el articulación del territorio de aquí a 2020, la ejecución final puede resultar mucho menor.

De hecho, el grado de ejecución de inversiones presupuestadas por el Ministerio de Fomento en el Principado fue del 82% entre 2004 y 2012, lo que significa que casi 1 de cada cinco euros presupuestados para Catalunya se perdieron por el camino. El indicador se sitúa por debajo de la media autonómica, del 87%, y es muy inferior al de regiones como Aragón, donde se ejecutaron todos los proyectos planificados, o Castilla La Mancha, donde la inversión durante aquellos años superó el presupuestado y se situó en un 112%, según datos de la Cámara de Comercio de Barcelona.

De los años analizados, el único ejercicio en el que la inversión final en Cataluña fue superior a la presupuestada fue en 2012, cuando el gobierno tuvo que terminar a toda prisa las obras de la alta velocidad entre Figueres y Girona, para conectar esa red con Francia, y evitar pagar nuevas indemnizaciones a la compañía concesionaria del túnel transfronterizo, TP Ferro.

El elevado incumplimiento de los últimos ejercicios complementa la lista de inversiones promesas que el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Josep Rull, reclamó el pasado enero al gobierno español, que incluyen: los 4.000 millones del Plan de Cercanías 2008-2015 , del que se ha ejecutado solo un 13,5%; los 306 millones del acuerdo de inversiones prioritarias, del que solo está en servicio un 5,9%; los compromisos de soterramiento de las vías en Sant Feliu de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac y los servicios de altas prestaciones hasta Reus y Tarragona. De todos estos acuerdos, siguen pendientes de invertir 4.798 millones de euros.

De momento, las cuentas públicas de este año han incluido una nueva reducción de la inversión en Catalunya, a pesar de las promesas hechas por Rajoy durante su visita a Barcelona el mes pasado. El presupuesto general por el territorio se reduce en casi 30 millones, y el destinado a infraestructuras ferroviarias, concretamente, cae en 396,3 millones de euros respecto en 2016.


Más allá de posibles incumplimientos, las cuentas reflejan también el agravio del Estado hacia Catalunya: el Principado recibirá un 13,4% del conjunto de inversiones, a pesar de suponer un 16,2% de la población estatal, y un 18,9 % del PIB español. Se trata de otro de los males endémicos de los presupuestos estatales: la infrainversión de Catalunya a pesar de su peso económico en el estado. 

Curiosamente, el periodo incluye los años en los que más se ha invertido en obras públicas estatales en Catalunya, gracias a proyectos como la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto de El Prat y la conexión de alta velocidad entre Barcelona y Madrid. Estas grandes construcciones no evitan que la década se salde con un déficit de inversión claro para Catalunya. En el otro extremo del gráfico, el superávit de inversión en Galicia respecto a su aportación al PIB era de 6 puntos, mientras que Castilla-La Mancha recibía una financiación 4 puntos por encima de su peso económico en el estado.

Catalunya, en cambio, sí es la primera comunidad de la que se acuerda la administración central cuando toca apretarse el cinturón. Durante los años de crisis económica, el Estado emprendió todo tipo de recortes, pero en el caso del ajuste de inversiones de Fomento no se distribuyeron de manera equitativa entre los territorios. Si bien el año 2014 Catalunya recibió la mitad de dinero para infraestructuras que una década antes, el gobierno español doblaba o incluso triplicaba las partidas por regiones como Castilla y León o Galicia.