¿Qué pasaría si algún país de la UE considerara que la España sin Catalunya no es España?

Pues que debería ponerse en la cola, detrás de Catalunya, para entrar en la UE...

Imaginen ustedes que el presidente de Finlandia dice que no reconoce a España. Que su peso está sobrevalorado y que -lo más importante- no cumple con el acervo comunitario ni con un montón de normativas además de infracciones.

Uno de sus mayores incumplimientos es el del déficit. Todos los años ha superado los máximos que le exigía la UE.

Aunque hay otros (y curiosos):

-El Estado español incumple la Directiva Marco de Agua en la mayoría de las demarcaciones hidrográficas. Se trata de una reincidencia en el incumplimiento, tras una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Justicia, por lo que las autoridades europeas deberían llevar al Gobierno español de nuevo ante la justicia para la imposición de sanciones y medidas coercitivas.


-La Comisión Europea ha demandado a España (en junio) ante el Tribunal de Justicia de la UE por no proteger contra el terrorismo todos los puertos de su red principal. El Gobierno estaba obligado a aplicar una directiva de 2005 que fijaba que en las instalaciones portuarias más importantes se debían evaluar los riesgos y tener programas concretos de protección contra atentados. El primer plazo para tener listos estos planes era 2007, pero a España se le concedió una prórroga hasta 2013. Sin embargo, según los últimos datos de los que dispone la Comisión, aún faltan los planes de nueve de los 67 puertos del país que están obligados a tenerlo.

Curiosamente esa directiva europea se aprobó tras los atentados de Madrid (marzo de 2004) y de Londres (julio de 2005) en las redes de transporte público. En el preámbulo de la norma se advierte de que "los sucesos que afectan a la protección marítima producidos por actos terroristas figuran entre las amenazas más graves a los ideales de democracia y libertad y a los valores de la paz".
Ya ven... y el ministro de interior hablando del peligro de terrorismo en la Catalunya libre.

-Dictámenes motivados antes de posible Recurso ante el TJCE por los que la Comisión insta a los Estados en un plazo de dos meses:

España y a Austria a una mayor transparencia en su financiación del ferrocarril: en cuanto a la separación de cuentas en el sector ferroviario, tal como exige la Directiva 2012/34/UE[9]. Uno de los principales objetivos de las normas de la UE es garantizar la transparencia en la utilización de fondos públicos para los servicios de transporte público, con el fin de que los proveedores de servicios de transporte puedan competir en pie de igualdad en beneficio de los usuarios finales.

Insta también a España para que respete los derechos de los médicos forenses en lo que concierne al horario de trabajo máximo y los períodos mínimos de descanso, en base a la Directiva sobre el tiempo de trabajo: 2003/88/CE[10].


-Otros dictámenes:

...

ES es España...

Bien, todos esos incumplimientos forman parte de los 35 capítulos del acervo comunitario. Normativas que los países candidatos deben aceptar y cumplir.
Si hoy en día se valuara a España no la dejarían entrar...
Y la España sin Catalunya menos.

Por eso, repito, si un país pusiera encima de la mesa que España sin Catalunya no es España debería pasar el examen o incluso una nueva votación. Y ya saben: solo que un país votara en contra, España fuera, en la cola para volver a entrar...


En caso de que continuara dentro:

Pues es evidente que tampoco sería lo mismo:

Una de las consecuencias más evidentes sería la pérdida de poder en el Consejo de la UE, donde el voto de cada país depende en parte de su población (y de manera total a partir de 2017).

En la actualidad, el voto "demográfico" de España equivale al 9,09% de la población de la UE, gracias a sus más de 46 millones de habitantes. Está solo tres puntos porcentuales por debajo de Italia y cuatro, de Reino Unido.

La salida de Catalunya (7,5 millones de habitantes) dejaría a España con una población muy similar a la de Polonia, cuyo voto demográfico en la Unión equivale al 7,59%, es decir, punto y medio menos que la actual delegación española. España se alejaría del grupo de cabeza, perdería de vista definitivamente a Alemania (16%) y Francia (casi 13%) y quedaría solo tres puntos por encima de Rumanía.

En muchas votaciones estas diferencias pueden resultar irrelevantes. Y la capacidad de influencia no es directamente proporcional al peso del voto de cada país, pues depende también de la habilidad estratégica y diplomática de las distintas capitales. Pero cuando hace falta buscar alianzas para aprobar o bloquear una propuesta, cualquier décima ayuda a inclinar la balanza.

La población de un país también influye en su presencia en el Banco Central Europeo. Junto al PIB, sirve para determinar la contribución al capital del emisor. España en estos momentos aporta el 8,2533% o 893 millones de euros. Esa cuota se reduciría dado que Catalunya supone una quinta parte del PIB español y casi un 16% de su población.

El "tamaño" de los países (y el peso de su sector financiero) también influye en la composición del Consejo de Gobierno del BCE, el órgano que una vez al mes suele fijar los tipos de interés. Ahora todos los socios del euro ocupan un asiento. Pero el sistema prevé la rotación cuando la Unión Monetaria cuente con más de 18 de socios, límite que se alcanzará con el ingreso de Letonia el próximo 1 de enero.

Cuando se incorpore el socio 19º, los cinco países más "grandes" (en base a PIB y balance del sector financiero) se sentarán en el Consejo más a menudo que el resto. España figura ahora en el primer grupo. Y es casi seguro que se mantendría en entre los "privilegiados", incluso sin Cataluña.

El impacto podría ser mayor en el Parlamento Europeo. A España le corresponden 54 escaños y a Polonia, 51. Con siete millones de habitante menos es muy probable que en futuras elecciones el número de eurodiputados españoles y polacos tendería a igualarse, si se mantuvieran las similitudes demográficas entre los dos países.

En otras instituciones, como la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia, la representación está más blindada (salvo la figura del llamado Abogado General). Cada país tiene derecho a un comisario y a un juez, con independencia de su población o riqueza. En todo caso, se podría reducir el número de funcionarios españoles, dado que suele haber una cierta relación entre el "tamaño" de cada país y la presencia de sus nacionales en el organigrama europeo.

En resumen, el escenario independentista del que tanto se habla estos días dejaría a España con dificultades para reivindicar un puesto en el "directorio" de la UE y acercaría al país a un segundo grupo, tanto en términos de población (con Polonia) como de PIB (mucho más cerca de Holanda que de Italia).