El expolio a Catalunya también se manifiesta en la calificación de VIVIENDA PROTEGIDA por parte del estado.

Como ya hemos ido viendo, los 16.000 millones de euros anuales que sufre Catalunya de expolio vienen dados por unos ministerios que nos quedan muy lejos y unos museos que también; por unos empleados públicos y unas inversiones en infraestructuras del estado repartidos en función de si la comunidad autónoma pertenece a la “España Uniforme” o la “España Asimilada”; viene dado también por unas políticas sociales que da 24 veces más recursos económicos a un niño en riesgo de exclusión social de la Rioja que a un niño catalán; unas empresas que reciben menos subvenciones públicas que les correspondería por su peso relativo, por su número y por su capacidad exportadora; unas empresas públicas económicamente deficitarias que emplean a trabajadores de otras comunidades excluyendo a los catalanes; y un largo etcétera. Ya podéis apuntar otra a la lista de agravios que sufre Catalunya: las ayudas estatales para la adquisición de una vivienda de protección oficial.

En la serie histórica elaborada a partir de los datos de fomento se puede observar como el número de viviendas calificadas de protegidas por el Estado en Catalunya se ha mantenido más o menos constante a lo largo del periodo 1991-2013. En Catalunya las calificaciones se ha mantenido al margen de los picos que se han dado en el conjunto del estado.

El numero de calificaciones de viviendas de protección oficial en Catalunya y Madrid es bastante similar en el periodo 1991-2003, a pesar de que Catalunya tiene un millón más de habitantes. Sin embargo, en la comunidad de Madrid se observa un cambio de tendencia en el número de calificaciones de viviendas protegidas por los planes estatales a partir del 2004, año en que el precio de la vivienda ya suponía un enorme esfuerzo para las familias que querían adquirir una.

Al observar la distribución autonómica de las viviendas calificadas de protección oficial por el Estado en el periodo 1991-2003 y 2004-2013 podemos constatar como el Estado ha salido a socorrer a las familias Madrileñas que querían adquirir una vivienda. El peso relativo de las viviendas calificadas de protección oficial pasó de suponer el 7,2% del total estatal en el periodo 1991-2003 al 25% en el periodo 2004-2013. Es decir, en el periodo de máximo esplendor de burbuja inmobiliaria la sociedad madrileña, el 13,8% de la población estatal, dispuso de más oportunidades para adquirir una vivienda de protección oficial. 

Las calificaciones de vivienda protegida por parte del Estado en la comunidad de Madrid equivalen al 14,5% del total durante el periodo 1991-2013, lo que pone a esta comunidad ligeramente por encima de lo le correspondería por habitantes. Si bien, como se ha puesto de manifiesto el Estado proyecta vivienda protegida en Madrid cuando esta es más cara.

A pesar de que Catalunya es una de las CCAA donde la vivienda es más cara, el Estado tan solo califica el 7,7% del total estatal de la vivienda protegida, es decir menos de la mitad que lo que le correspondería por población (16%). Casi la mitad de las que se conceden en la siempre favorecida comunidad de Madrid, cuya población es un 13% menos que la catalana.

En 2013, año en el que Catalunya está plenamente inmersa en el proceso de liberación nacional de la tiranía española, el Estado castiga a los catalanes con una todabía menor calificación de vivienda protegida, suponiendo ésta tan solo el 6% del conjunto del Estado.

Pero no se vayan a pensar que la cosa se queda en este agravio en cuanto a número de viviendas de protección oficial. Por si no fuera poco, la escasa vivienda calificada de protección oficial en Catalunya tiene un precio superior a la de Madrid, llegando a superar el 16% en algunos trimestres segun los datos de Fomento.  Incluso en el periodo 2005-2008 la vivienda protegida de Lleida, Tarragona y Girona era más cara que la madrileña.

Y de esos barros, estos lodos. De los datos publicados por fomento en base a los ofrecidos por el INE se desprende que en Catalunya tiene lugar el 25,3% de las ejecuciones hipotecarias sobre personas físicas que acontecieron en el 2º trimestre de 2014 en el conjunto del estado.  La acaparadora de recursos públicos comunidad de Madrid tan solo tiene el 7.8% de las ejecuciones hipotecarias sobre personas físicas.

De acuerdo con el INE, el 63,4% de las ejecuciones hipotecarias se corresponden con las hipotecas concedidas en el periodo 2005-2008. ¿Qué hacía el gobierno del PSOE en esos años? Pues al igual que han hecho el resto de gobiernos de España: abandonar a las familias catalanas a su suerte para atender a las madrileñas.

En fin, que lo de la solidaridad con las regiones más pobres es una falacia y he aquí una prueba. Solo nos dejan un camino: largarnos antes que nos esquilmen más

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