A golpe de decretazo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dejó el pasado 13 de febrero en manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, todo el negocio registral de la ciudad de Santa Pola (Alicante).
Ese día, el Boletín Oficial del Estado (aquí el BOE) publicaba la supresión de más de 80 Registros de la Propiedad en toda España, entre ellos el número 2 de Santa Pola. De esta forma, toda la actividad registral de esta localidad turística de 35.000 habitantes quedaba adscrita al número 1, del que es titular Rajoy desde hace 35 años.
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| Rajoy nunca fue ni será tomero... |
Para justificar esta eliminación, el Gobierno popular alegaba que estos registros fueron creados hace seis años para responder a una situación inmobiliaria favorable que poco después cambió.
Así, certificaba para avalar la nueva propuesta, “que los parámetros e indicadores que sirvieron para dimensionar la demarcación registral no tienen referente en el mercado inmobiliario en la actualidad, cuya situación no responde, en modo alguno, al tráfico civil y mercantil de hace cinco años”.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2007, a través de un real decreto, una profunda modificación del mapa de las oficinas registrales en España que determinó la creación de más de 300 nuevos registros.
Según el texto suscrito por el ministro Ruiz Gallardón hace apenas dos semanas, una tercera parte de aquellos nuevos registros nunca tuvieron registrador titular o las plazas fueron cubiertas por un breve plazo y posteriormente se abandonaron.
El Registro número 2 de Santa Pola, según destaca el Gobierno en su orden ministerial, “nunca ha sido desempeñado por ningún registrador titular” y “continuará integrado dentro del Registro de la Propiedad del cual procede, por segregación o división”, es decir al 1 de la misma localidad. A partir del 1 de enero de 2015, su adjudicación correrá a cargo de la Dirección General de los Registros y del Notariado entre los registradores del Cuerpo de Aspirantes.
Con el brutal recorte de registros, los que permanecen aumentarán notablemente su actividad y sus ingresos. Junto a esto, el Gobierno prevé dejar en manos de los registradores de la Propiedad y Mercantiles el Registro Civil. Estos pagarán los costes derivados de la prestación de este servicio público, así como sus “honorarios”, mediante el cobro de nuevos aranceles.
Cuestiones de Mazón y Lara
El 1 de enero del pasado año, el abogado José Luis Mazón, uno de los autores de la querella contra el juez Baltasar Garzón por los cobros recibidos durante su estancia en la Universidad de Nueva York, denunció ante la Oficina de Conflicto de Intereses al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por mantener su plaza como titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola.
El letrado aseguraba que la citada plaza era “incompatible” con su cargo y que implicaba unos “derechos económicos”, que “Rajoy dice que no recibe o cuando menos no declara como ingresos ante el Congreso”.
Según Mazón, el Reglamento Hipotecario, en su artículo 541, establece la prestación de honorarios al titular del registro. Esta norma da derechos económicos al sustituido sobre los rendimientos de la plaza que deja vacante.
Once meses más tarde, el Gobierno contestaba por escrito a una pregunta parlamentaria del dirigente de IU, Cayo Lara, que pretendía saber si el presidente cobraba alguna renta o remuneración por ser titular del Registro de Santa Pola.
En la respuesta se aseguraba que Rajoy no había recibido “retribución alguna” por su condición de registrador de la Propiedad y se aseguraba que no trabajaba directamente desde hace dos décadas, cuando empezó a dedicarse a la política. Francisco Gaspar Riquelme Rubira, titular del Registro de la Propiedad número 1 de Elche, sustituyó en marzo de 1990 a Mariano Rajoy en Santa Pola. Ambos fueron compañeros de oposición y obtuvieron la plaza el mismo año, 1978. Sin embargo, Rajoy solamente ha dirigido el registro de Santa Pola entre 1987 y 1989, el tiempo que transcurrió entre que dejó la vicepresidencia de la Xunta de Galicia y cuando fue nombrado diputado nacional por Pontevedra.
Riquelme dejó claro en una reciente entrevista que la vida de Rajoy, si decidiese retirarse de la política y volver a su destino como registrador en Santa Pola, sería “probablemente mucho mejor que ahora” y que al menos sería más fácil, aunque el negocio registral ha descendido de forma importante.
En la respuesta del Gobierno a Lara también se dejaba constancia de que Rajoy sigue siendo titular del Registro. “El titular del registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante), Rajoy, se encuentra en situación de servicios especiales con reserva de plaza, según la legislación hipotecaria”, aseguraba.
Ahora las cosas parecen un poco más claras...
EN FIN, RAJOY SE ESTÁ PREPARANDO PARA CUANDO, LO QUE QUEDE DE ESPAÑA, LE META UNA PATADA EN EL CULO.
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