UNIÓN EUROPEA: Lista de las 11 Infracciones y expedientes disciplinarios de ESPAÑA en el primer trimestre del 2018.

Ya sé que es un "post ladrillo", pero es bueno leer y saber los incumplimientos porque más de uno le afectan.

Agua: la Comisión pide a ESPAÑA que respete las normas de la UE en materia de residuos de industrias extractivas y agua
La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a España debido a sus preocupaciones en relación con la manipulación de residuos salinos en Súria y Sallent. La Comisión considera que las autoridades regionales deben velar por que las instalaciones de residuos de la industria extractiva cumplan plenamente la Directiva sobre residuos de industrias extractivas (Directiva 2006/21/CE), y deben aplicar las medidas necesarias para mejorar la calidad del agua en la cuenca del río Llobregat, tal como exige la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE). La situación actual sigue causando graves problemas medioambientales como consecuencia de la extracción de potasa. Las autoridades españolas disponen de dos meses para contestar. En caso de respuesta insatisfactoria, la Comisión podría presentar este asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Servicios financieros: la Comisión pide a los Estados miembros que apliquen las normas de la UE sobre mercados financieros
La Comisión Europea ha pedido hoy a Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia que apliquen plenamente la revisión de la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (Directiva 2014/65/UE, MiFID II) en su marco nacional. La Directiva, junto con un Reglamento (MiFIR, Reglamento (UE) n.º 600/2014), fue adoptada en respuesta a la crisis financiera para que contribuyera a establecer unos mercados financieros de la UE más transparentes, competitivos e integrados a fin de conseguir que se negocie menos fuera de los mercados regulados, una mayor protección a los inversores y los consumidores y, en última instancia, que se incremente la estabilidad financiera. La Directiva armoniza el régimen regulador de la UE en lo que respecta a los requisitos organizativos para las empresas de servicios de inversión, los mercados regulados, los mercados de las pequeñas y medianas empresas y los servicios de suministro de datos. También se establecen normas de conducta armonizadas para los servicios de inversión, incluidos los incentivos, los requisitos de información y las normas de gobernanza de los productos. Aunque el plazo original fijado para la transposición de la Directiva se prorrogó durante un año, del 3 de julio de 2016 al 3 de julio de 2017, los Estados miembros mencionados no han incorporado las normas a su legislación nacional, o no las han incorporado plenamente. En este contexto, la Comisión ha pedido asimismo a Bulgaria, Croacia, Eslovenia, España, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal y Rumanía que apliquen plenamente la Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión, de 7 de abril de 2016, que complementa la Directiva 2014/65/UE, o MiFID II, en lo que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios. Si las medidas para incorporar plenamente estas Directiva no se notifican en el plazo de dos meses, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a estos Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Servicios financieros: la Comisión pide a ESPAÑA que aplique las normas prudenciales de la UE para bancos y empresas de inversión
La Comisión Europea ha pedido hoy a España que aplique plenamente la Directiva sobre requisitos de capital (Directiva 2013/36/UE). Junto con el Reglamento sobre requisitos de capital (Reglamento (UE) n.º 575/2013), la Directiva establece los requisitos prudenciales para las entidades de crédito y las empresas de inversión en la Unión Europea mediante la determinación de normas sobre el importe del capital que las entidades deben tener para cubrir las posibles pérdidas de los riesgos a los que están expuestas. La Directiva también establece normas sobre la concesión de licencias y la supervisión de las entidades, la cooperación en materia de supervisión, la gestión de riesgos, el gobierno corporativo (incluida la remuneración) y los colchones de capital. Los Estados miembros debían incorporar la Directiva al Derecho nacional a más tardar el 31 de diciembre de 2013. Hasta la fecha, España no ha aplicado plenamente estas normas de la UE y todavía faltan algunas disposiciones en el ordenamiento jurídico nacional. Estas disposiciones se refieren principalmente a las facultades de las autoridades competentes, las sanciones administrativas u otras medidas aplicables a las entidades declaradas responsables de una infracción grave en la lucha contra el blanqueo de capitales. También incluyen mecanismos de denuncia de infracciones y normas sobre la integridad y la independencia de los miembros del órgano de dirección. Si las medidas para incorporar plenamente la presente Directiva no se notifican en el plazo de dos meses, la Comisión podría tomar la decisión de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Servicios financieros: la Comisión pide a ESPAÑA que garantice una correcta aplicación de las normas de la UE para fondos de inversión
La Comisión ha pedido a España que adapte su legislación nacional a la legislación de la UE relativa a la Directiva sobre los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (Directiva 2014/91/UE). Los fondos OICVM son vehículos de inversión creados con el único objeto de reunir activos de inversores y a continuación reinvertirlos en un conjunto diversificado de activos. El objetivo de la Directiva es establecer normas comunes para el funcionamiento de los fondos OICVM en los Estados miembros. Por consiguiente, la falta de una aplicación adecuada de la Directiva mencionada podría disminuir la protección de los inversores en el mercado minorista de fondos de inversión. En particular, la Comisión pide a España que ponga en marcha disposiciones que aclaren las políticas de remuneración para los gestores de fondos OICVM y procedimientos relativos a las infracciones de las normas establecidas por la Directiva. Si las autoridades nacionales no presentan una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Justicia penal: la Comisión exhorta a cuatro Estados miembros a transponer las normas para facilitar el intercambio de pruebas dentro de la UE
La Comisión Europea ha emitido hoy un dictamen motivado dirigido a Austria, Bulgaria, España y Luxemburgo por no transponer las normas de la UE en relación con la orden europea de investigación en materia penal (Directiva 2014/41/UE) a su legislación nacional. Esta Directiva, que se basa en el reconocimiento mutuo, exige a los Estados miembros que reconozcan y ejecuten la solicitud de pruebas presentada por otro Estado miembro de la misma manera y bajo las mismas circunstancias que si la medida de investigación hubiera sido ordenada por una autoridad nacional. De esta manera, la lucha contra la delincuencia y el terrorismo es mucho más rápida y eficaz a nivel europeo. Los Estados miembros tenían como plazo hasta el 22 de mayo de 2017 para incorporar a sus legislaciones nacionales las normas de la UE relativas a la orden europea de investigación. La Comisión envió una carta de emplazamiento a estos Estados miembros en julio de 2017. Si los Estados miembros en cuestión no actúan en el plazo de dos meses, el asunto podría remitirse al Tribunal de Justicia de la UE.

Responsabilidad del Estado: la Comisión insta a ESPAÑA a cumplir las normas de la UE sobre los principios de equivalencia y de efectividad
La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a España debido a que las normas de este país incumplen los principios de equivalencia y/o de efectividad. Las actuales disposiciones nacionales sobre el régimen jurídico y sobre los procedimientos administrativos comunes para el sector público limitan la autonomía procesal y material de los Estados miembros en relación con las condiciones que rigen las indemnizaciones por daños causados por actos legislativos. La legislación española ha establecido condiciones menos favorables en lo relativo a la responsabilidad por una infracción de la legislación de la UE que por la responsabilidad debida a una infracción de la Constitución española. Además, contiene condiciones de procedimiento que no son acordes con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la UE. Las disposiciones nacionales en cuestión hacen que sea excesivamente difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación de la UE, lo que tiene una repercusión negativa en la efectividad del Derecho de la UE La Comisión incoó un procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento a las autoridades españolas en junio de 2017. España dispone de dos meses para responder a los argumentos planteados por la Comisión; de lo contrario, la Comisión podría tomar la decisión de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Calidad del combustible: la Comisión insta a las autoridades de 10 Estados miembros a transponer las normas para calcular y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles
La Comisión Europea ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a las autoridades de Austria, Bélgica, Chipre, Chequia, España, Finlandia, Grecia, Letonia, Rumanía y el Reino Unido por no incorporar la normativa de la UE sobre la calidad de la gasolina y el gasóleo [Directiva (UE) 2015/652 del Consejo] a su ordenamiento jurídico nacional. La Directiva establece normas para calcular y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y de otros tipos de energía procedentes de fuentes no biológicas. La normativa de la UE tiene por objetivo obtener información con un nivel suficiente de exactitud, de forma que la Comisión pueda evaluar el comportamiento de los suministradores de combustible a la hora de cumplir sus obligaciones a tenor de la Directiva sobre la calidad del combustible (Directiva 98/70/CE). La Directiva sobre la calidad del combustible aspira a conseguir una reducción del 6 %, como mínimo, de la intensidad en gases de efecto invernadero del combustible y la energía suministrados de aquí a 2020. El método de cálculo también ofrece la ventaja de reducir la carga administrativa tanto para los suministradores como para las autoridades de los Estados miembros, que tenían hasta el 21 de abril de 2017 para incorporar a sus legislaciones nacionales las normas de la UE para el cálculo y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión ya envió una carta de emplazamiento a las autoridades de estos Estados miembros en mayo de 2017. Si las autoridades de los Estados miembros en cuestión no actúan en el plazo de dos meses tras la recepción del dictamen motivado, el asunto puede remitirse al Tribunal de Justicia de la UE.

Defensa de la competencia: la Comisión archiva procedimientos de infracción contra las autoridades de 18 Estados miembros que transpusieron la Directiva sobre acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia
La Comisión Europea ha decidido archivar el procedimiento de infracción contra las autoridades de Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Chequia, Chipre, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Letonia, Malta, los Países Bajos, Polonia, el Reino Unido y Rumanía, puesto que ya han transpuesto la Directiva sobre acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia (Directiva 2014/104/UE). Esta Directiva ayuda a los ciudadanos y las empresas a reclamar daños y perjuicios cuando son víctimas de infracciones de las normas de defensa de la competencia de la UE, como la constitución de cárteles o los abusos de posición dominante en el mercado. Asimismo, proporciona a las víctimas un acceso más fácil a las pruebas que necesitan para acreditar el daño sufrido y les concede más tiempo para efectuar sus reclamaciones. La Directiva sobre daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia es, por lo tanto, parte esencial de la garantía de cumplimiento del Derecho de la competencia. Las autoridades de los Estados miembros estaban obligadas a incorporarla a su Derecho nacional el 27 de diciembre de 2016, a más tardar. Siete de ellas lo hicieron dentro del plazo establecido. Tras el inicio del procedimiento de infracción, las autoridades de 18 Estados miembros transpusieron la Directiva en 2017. Las autoridades de Bulgaria notificaron la transposición a principios de 2018, por lo que se está evaluando si la transposición es completa. En 2018, la Comisión comprobará la conformidad de las transposiciones nacionales e invitará a las autoridades de los otros dos Estados miembros restantes (Grecia y Portugal) a adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena aplicación de la Directiva.

Eficiencia energética: la Comisión pide a las autoridades de ESPAÑA que transpongan correctamente la legislación de la UE
La Comisión ha decidido hoy enviar un dictamen motivado a las autoridades de España en el que solicitan oficialmente la transposición correcta de los requisitos sobre contadores individuales en edificios de pisos, establecidos en la Directiva sobre eficiencia energética (Directiva 2012/27/UE). La Directiva exige la instalación de contadores de calefacción y de agua caliente en todos los edificios de pisos existentes —en aquellos casos en que sea rentable y técnicamente factible— mientras que las medidas de transposición nacionales establecen esta obligación solamente para los edificios nuevos (construidos después de 2007). Se remitió a las autoridades españolas una carta de emplazamiento en octubre de 2017 y la Comisión ahora procede con la siguiente fase del procedimiento de infracción. Las autoridades españolas disponen de dos meses para subsanar las deficiencias señaladas en el dictamen motivado; de lo contrario, la Comisión puede llevarlas ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión lleva a España ante el Tribunal de Justicia por no revisar y actualizar sus planes hidrológicos de cuenca de las Islas Canarias
La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no revisar y actualizar los planes hidrológicos de cuenca para las siete demarcaciones hidrográficas situadas en las Islas Canarias (El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife). Los planes hidrológicos de cuenca constituyen la base de la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE). Estos planes ofrecen una visión completa de las principales cuestiones que afectan a cada demarcación hidrográfica, y deben incluir las medidas concretas necesarias para alcanzar los objetivos de calidad medioambiental fijados. España tenía que haber revisado y actualizado todos los planes hidrológicos de cuenca de su territorio para el 22 de diciembre de 2015 y haber informado de tales medidas para el 22 de marzo de 2016. Las autoridades españolas tampoco han velado por el cumplimiento de las obligaciones de información y consulta públicas en relación con el establecimiento de estos planes. La Comisión ha instado repetidamente a España a cumplir sus obligaciones: en primer lugar, mediante el envío de una carta de emplazamiento en abril de 2017, y en segundo lugar, mediante la emisión de un dictamen motivado en octubre de 2017. Para más información, véase el comunicado de prensa completo.

La Comisión insta a las autoridades de ESPAÑA y de IRLANDA a actuar con respecto a la protección contra las inundaciones
La Comisión pide a las autoridades de España y de Irlanda que cumplan las exigencias de la Directiva sobre inundaciones (Directiva 2007/60/CE). Dicha Directiva pretende reducir y gestionar los riesgos que conllevan las inundaciones para la salud humana, el medio ambiente y la actividad económica. Según la legislación de la UE, los Estados miembros debían finalizar y publicar planes de gestión del riesgo de inundación y notificarlos a la Comisión el 22 de marzo de 2016, a más tardar. En abril de 2017, la Comisión incoó el procedimiento de infracción enviando una carta de emplazamiento a las autoridades irlandesas debido a que no habían completado, publicado ni comunicado los planes de gestión del riesgo de inundación de siete demarcaciones hidrográficas. Como las autoridades irlandesas aún no han notificado estos planes, la Comisión envía un dictamen motivado. Las autoridades irlandesas disponen de dos meses para responder. Además, la Comisión ha decidido hoy enviar una carta de emplazamiento a las autoridades de España, ya que estas no le han notificado los planes de gestión del riesgo de inundación correspondientes a las demarcaciones hidrográficas de Cataluña ni de las Canarias. Las autoridades españolas también cuentan con dos meses para responder.