La economía de Catalunya estará por encima de Italia... |
COL·LECTIU WILSON:
1 Una hipotética independencia de Catalunya
tendría un impacto fiscal importante porque el dinero que actualmente la
administración central del estado obtiene de Catalunya y que nunca
vuelve a ésta, no saldría de Catalunya en el supuesto de que ésta se
constituyera en un estado independiente. El dinero que ganaría Catalunya
se llama el “dividendo fiscal de la independencia”.
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La balanza fiscal mide la redistribución entre los territorios de un
país: el dinero que el Estado obtiene de unos territorios y da a otros.
Aunque es cierto que son las personas, y no los territorios, las que
pagan impuestos, también es obvio que una parte importante del gasto
público (como las infraestructuras) se hace en los territorios. Por esta
razón el cálculo de la balanza fiscal es legítimo e informativo.
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Hay dos maneras de calcular la balanza fiscal. El método del flujo
monetario asigna los gastos en el territorio donde se gastan. El método
del beneficio, en cambio, asigna los gastos allí donde viven los
ciudadanos que se benefician.
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El “dividendo fiscal” es el déficit de la balanza calculado por el flujo
monetario. La balanza por flujo monetario asigna el salario de un
funcionario que vive en Madrid a la Comunidad Autónoma de Madrid. Eso se
debe a que el salario de este funcionario tiene un impacto económico en
los restaurantes y las tiendas de Madrid. Que este funcionario trabaje
para un Ministerio y por lo tanto “beneficie” o no a los ciudadanos de
otros territorios es irrelevante para calcular el “dividendo fiscal de
la independencia”. Bajo el supuesto de independencia, este dinero se
gastaría en Catalunya y tendría un impacto económico positivo en
Catalunya. Por esta razón el “dividendo fiscal” es el déficit de la
balanza calculado por el flujo monetario.
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La balanza fiscal para el método del flujo monetario se calcula como la
diferencia entre los impuestos que pagan los catalanes a la
Administración central menos los gastos que ésta realiza en Catalunya.
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Parte del dinero que el sector público gasta proviene de créditos que
pide el Gobierno central, unos créditos que, lógicamente, tienen que ser
devueltos tarde o temprano con los impuestos de los ciudadanos. Una
parte de estos impuestos se cobrarán en Catalunya. Tener en cuenta estas
deudas es lo que se llama “neutralizar” la balanza fiscal. Pensar que
la balanza fiscal no se tiene que neutralizar es equivalente a pensar
que el Gobierno de España no pagará sus deudas. Como pagar las deudas no
es una opción sino una obligación, “neutralizar” la balanza no es una
opción sino una obligación.
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Algunos analistas intentan confundir a la gente a base de presentar
cuatro, seis, ocho o diez cálculos diferentes de la balanza fiscal con
el objeto de entender que estos cálculos son imprecisos y arbitrarios.
Es cierto que, en función de la pregunta que uno se haga se puede
utilizar el método de beneficio o el método monetario. Sin embargo, para
calcular el “dividendo fiscal de la independencia” sólo hay dos
metodologías: la correcta y la incorrecta. La correcta es la monetaria y
neutralizada.
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Si los ciudadanos de Catalunya decidieran optar por la independencia,
Catalunya obtendría un dividendo fiscal de unos 16.000 millones anuales:
la totalidad del déficit fiscal que mantiene con España calculado por
el método del flujo monetario.
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Durante las últimas décadas Catalunya ha mantenido un déficit de la
balanza fiscal importante y que no parece que tienda a bajar: el 30% de
los recursos fiscales aportados por los catalanes no vuelven nunca. Eso
corresponde aproximadamente al 8% del PIB cada año, equivaliendo a 2.250
euros por habitante en el 2009. El déficit acumulado desde 1986 suma
300.000 millones de euros.
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El principal responsable del déficit de la balanza fiscal catalana no
son los impuestos sino el gasto. Es decir, el problema no es que los
catalanes paguen una cantidad anormal de impuestos a la Administración
central. El problema es que ésta última gasta una cantidad anormalmente
baja en Catalunya. Ello se debe, en parte, a que el modelo de
financiación de la Generalitat es deficiente. Y, en parte, por la
minúscula inversión pública del Estado en Catalunya.
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Esta inversión minúscula, mantenida a través de los años, ha hecho que
Catalunya haya acabado teniendo el stock de capital público relativo a
producto interior bruto más pequeño del Estado español.
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El “dividendo fiscal de la independencia” sería de 16.000 millones
anuales, incluso teniendo en cuenta que las estructuras de estado
costarían dinero. Las profesoras Bosch y Espada de un lado y el
economista De la Fuente de otro calculan que los gastos netos serían de
unos 3.000 millones de euros. Desde el punto de vista de país y de
impacto económico, estas estructuras de estado serían un gasto que se
haría en Catalunya, pagando a trabajadores catalanes que gastarían buena
parte de sus salarios en restaurantes y tiendas catalanes. Todo eso
tendría un impacto positivo directo sobre la economía catalana. Por lo
tanto, para calcular el “dividendo fiscal de la independencia” para
Catalunya, sólo es necesario mirar el saldo de la balanza fiscal y no
tenemos porque descontar los costes de las estructuras de estado.
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El dividendo fiscal para la Generalitat, por el contrario, no sería de
16.000 millones sino de 13.000 millones adicionales cada año porque
tendría que hacer frente a gastos adicionales de 3.000 millones que se
tendrían que restar de los 16.000 millones. Bien empleado, este dinero
permitiría evitar recortes, devolver deuda, rebajar impuestos o
construir infraestructuras adicionales.
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El dividendo fiscal abriría la posibilidad de revertir la tendencia de
declive de las últimas décadas. Para conseguirlo, sin embargo, haría
falta que la Generalitat lo usara de manera eficiente y en beneficio de
la prosperidad económica de los catalanes. Unas mejores
infraestructuras permitirían aumentar la tasa de crecimiento a medio y
largo plazo. Unos impuestos más bajos atraerían la inversión extranjera y
ayudaría a captar y retener talento. Una deuda más reducida llevaría a
una mejora de los ratings y una disminución de la prima de riesgo, y por
lo tanto, del gasto que se malversa en intereses. Finalmente, los
recursos adicionales también posibilitarían un gasto social propio de un
estado moderno. Todos estos factores se reforzarían mutuamente, creando
un círculo virtuoso. Eso contrasta con el círculo vicioso que comporta
el mantenimiento de la situación actual: más deuda, más intereses, menos
gasto social y más impuestos. En una palabra: el declive económico de
nuestro país.
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