Catalunya ya tiene el censo para el 9-N.

Las consultas populares por vía distinta al referendo utilizarán el Registro de Población de Catalunya como base para establecer el censo al que se desea preguntar, según proponen la mayoría de los grupos que participan en la ponencia redactora de la Ley de Consultas.

El Registro de Población de Catalunya, que ya existe desde hace años y sobre el cual la Generalitat dispone de competencias reguladoras reconocidas en el Estatut, contiene la suma de los datos que figuran en los padrones municipales y está gestionado por el Institut d'Estadística de Catalunya, el Idescat.

Según han explicado hoy los ponentes de CiU, ERC e ICV-EUiA, si bien esta cuestión aún está pendiente de ser acordada en próximas reuniones de la ponencia y en la sesión de esta mañana únicamente se ha empezado a debatir, hay un acuerdo previo entre ellos para que en las consultas sea utilizado el Registro de Población de Catalunya.

Utilizar este último registro permitirá, por ejemplo, a los grupos favorables a la consulta soberanista del 9 de noviembre salvar el escollo que representaba no poder utilizar el censo electoral -reservado únicamente para las elecciones y referéndums- y, al mismo tiempo, no tener que pedir a los ayuntamientos los datos de los padrones municipales.

Puesto que la Generalitat ya dispone de la competencia reguladora sobre el Registro de Población de Catalunya y este se nutre de forma automática de los padrones municipales, las consultas populares tendrán una base censal sobre la que podrán llevarse a cabo, una vez se introduzcan en el texto de la nueva ley las cautelas previstas en las leyes de estadística y de protección de datos.

Si bien el Registro de Población de Catalunya será la base censal de las consultas, no será la única fuente de datos que será utilizada en ellas, porque en cada consulta será creado un Registro de Participación y otros dos registros más específicos, el de extranjeros comunitarios o no comunitarios con un tiempo de residencia mínima en Catalunya, y el de catalanes que viven en el extranjero  (AQUÍ REGISTRARSE).

Los partidos catalanes deben aún ponerse de acuerdo sobre el tiempo de residencia mínima que tendrán que acreditar los extranjeros que residen en Catalunya para poder votar en las consultas, puesto que por ejemplo, CiU es partidaria de 1 año para los comunitarios y de 3 años para los extra comunitarios.

ICV-EUiA, sin embargo, es partidaria de abrir el máximo posible el universo de extranjeros empadronados que podrían votar, mientras que ERC no hace de esto una cuestión de principios y está dispuesta a negociarla con los demás grupos.

Hay acuerdo, entre todos los grupos -incluidos PSC y PPC- para que en las consultas puedan votar los ciudadanos mayores de 16 años y también los catalanes que viven en el exterior pero cuya última vecindad antes de ir al extranjero estaba registrada en Catalunya.

Al ser debatido el artículo 4, que define quiénes pueden promover una consulta desde el ámbito institucional, ERC, PSC e ICV-EUiA abogan por que se rebaje la exigencia de mayoría absoluta a simple para que el Parlament pueda aprobar una convocatoria, mientras que CiU se muestra abierta a negociarlo, pero advierte que no quiere que desde el Parlament se puedan "banalizar" las consultas.

Ya ven, todo bien legal.