El gobierno de Pedro Sánchez lleva al Constitucional el impuesto catalán a las eléctricas y los operadores de telecomunicaciones (por culpa de ello se dejarán de ingresar 150 millones de euros...).

Sigue la represión, en este caso económica, del gobierno de España hacia el pueblo catalán.

Hace un año El Parlamento catalán aprobó los primeros Presupuestos de la Generalitat en tres años con modificaciones de tributos y la creación de otros nuevos impuestos enfocados a aumentar la presión fiscal a las rentas más altas y a las empresas. El Govern aspiraba a ingresar 145 millones de euros anuales. Los nuevos impuestos afectaban principalmente a las compañías eléctricas y a las de telecomunicaciones.

Ya entonces las empresas del Ibex 35 cuestionaron esos tributos porque consideraban que son inconstitucionales y pidieron que el Gobierno central las recurriera, algo que hicieron ayer en Consejo de Ministros.

El impuesto fue consensuado con los Comuns para que votaran a favor de los presupuestos y obligaba a tributar a la producción, almacenamiento y la transformación de energía eléctrica, así como el transporte de esta o de telefonía que se realiza a través de enclaves fijos (torres eléctricas y de telecomunicaciones). Así, por ejemplo, por cada kilómetro o torre de línea eléctrica de tensión inferior a 400kV se pagarían 700 euros. Por tensiones superiores, el gravamen alcanzará los 1.200 euros. Los enclaves de telecomunicaciones, por su parte, tributarían 700 euros. Este impuesto afectaba a Endesa e Iberdrola por sus centrales nucleares, a la red de Endesa y de REE, a Naturgy por los ciclos combibados, así como a las torres de grandes distribuidores como Cellnex o Telefonica. Es decir todas las que tienen a expolíticos en sus consejos de administración o como asesores...

En fin, sin Estado propio es imposible salir de la crisis del coronavirus español. Ni hacer impuestos nos dejan...