Prólogo del informe sobre la ofensiva premeditada de España en contra de Catalunya.

Este documento no debería haber existido nunca y, en su caso, debería haber sido muy breve, porque la lealtad entre administraciones y el talante de diálogo debería ser una constante entre gobiernos.

Desgraciadamente, el texto que presentamos no es nada raro en la historia de las relaciones entre Catalunya y el Estado español, como vemos en El Memorial de Agravios o Memoria en defensa de Los intereses morales y materiales de Catalunya (1885) o La representación o Memorial de Agravios (1760) que presentaron a Carlos III los diputados representantes de las capitales de la extinta Corona de Aragón.

Detrás de muchos de los casos concretos que se detallarán late la penitencia que el Estado nos impone por nuestro pecado original: la identidad propia. De ahí, la represión de las dictaduras y el rodillo de normas impuestas en contra del sentir mayoritario de nuestra ciudadanía. Singularmente desde Nueva Planta, se persigue la asimilación de nuestros rasgos identitarios, en lengua, en derecho y en todas las instituciones del país.
Sin embargo, también nos ha caracterizado como pueblo nuestra resiliencia, la capacidad de mantenerse fieles, de sobreponernos y de salir adelante, por eso el país vivió -como en el resto de Europa- la pujanza de la industrialización del siglo XIX, que acabó convirtiéndose en otro rasgo diferencial catalán.

Así, aparte del trato desigual y de la discriminación que se desgranará y probará más adelante, se ha mantenido siempre el agravio de la visión monolítica del Estado desde un enfoque centralista al que se acomodará, quiere no quiere, el resto.
Durante los últimos años, el Estado ha ahogado y limitado la capacidad de actuación de la ciudadanía catalana de múltiples formas: por un lado, ha eliminado toda relación de diálogo y ha laminado la capacidad de autogobierno, ya sea por la vía económica o por la vía normativa, en forma de leyes, recursos a los tribunales, etc.

Este documento, si bien reúne un elevado número de estos agravios, no los recoge todos, ya que, día a día, el proceso de recentralización del Estado actuando como se demuestra con la reciente sentencia del TC sobre el proceso participativo del 9N.
Como se observará en el documento, por un lado, el Estado sufre de "inacción" cuando se trata de negociar (traspasos, pacto fiscal, derecho a decidir) o cumplir las sentencias que le son desfavorables, y del otra, disfruta de "hiperactividad", con respecto a recentralizar y limitar el autogobierno, en todos los ámbitos de actuación: políticas sociales, políticas económicas y políticas institucionales.
Desde el año 1978, los sucesivos Gobiernos de la Generalitat, de formaciones políticas diversas, han intentado siempre buscar soluciones dialogadas y pactadas, conscientes de que era necesario, ante todo, garantizar el bienestar de todos los catalanes y las catalanas.

En el recuerdo de todos está el largo proceso de negociación del Estatuto de autonomía de Catalunya del año 2006, aprobado primero en el Parlament en 2005, aprobado por las Cortes españolas y refrendado por los catalanes unos años después y, finalmente , recortado en los tribunales. También el diálogo para llegar a un pacto fiscal del año 2012, una vez se había puesto de manifiesto la insostenibilidad de una financiación injusto para Catalunya que no respeta lo que representa por peso económico y peso demográfico; o finalmente, la demanda constante a las instituciones españolas de facilitar los mecanismos para hacer realidad el derecho a decidir del pueblo de Catalunya en el año 2014.
No sólo no se han escuchado las demandas de la ciudadanía, sino que se ha chocado contra un muro. Desde 2011, el Estado español ha paralizado las relaciones bilaterales Estado-Generalitat: no se ha reunido ninguno de los órganos bilaterales Estado-Generalitat previstos para desplegar el Estatut, ni ha aprobado ni ampliado ningún traspaso, aunque las reiteradas demandas de la Generalitat para impulsarlos.

Ante esta situación de falta de voluntad de diálogo por parte del Estado, de manifestaciones masivas en la calle reclamando el derecho a decidir, y, lo más importante, para no caer en la inacción, el Gobierno de la Generalitat hizo todo lo posible porque el 9 de noviembre de 2014 se diera voz al pueblo de Catalunya -es decir, hacer valer la democracia- y dar respuesta a las reivindicaciones de la ciudadanía, que votó de forma muy mayoritaria para cambiar el modelo de relación entre Catalunya y España.

Hay muchos motivos por los que se ha llegado hasta aquí, y este documento recoge algunos, entre otros, la falta de diálogo ya explicada, el ahogo económico de las instituciones, la laminación del autogobierno, el ataque al modelo catalán de enseñanza, o el menosprecio de la lengua. Sin olvidar que todo ello tiene un impacto directo sobre la ciudadanía.

Uno de los motivos del ahogo económico se ha convertido en un modelo de financiación injusto que ha hecho que Catalunya sea la 3ª comunidad autónoma en aportación de recursos tributarios (per cápita) al sistema de financiación autonómica, pero la 10ª en recursos per cápita recibidos, y que sitúa Catalunya por debajo de la media en recursos recibidos. En enero de 2014 debería haber entrado en vigor el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, pero un año y medio después, el Gobierno del Estado aún sigue negándose a efectuar esta revisión.

Paralelamente, el déficit fiscal de Catalunya con la Administración central alcanzó en 2011 los 15.006 millones de euros, el 7,7% del PIB, lo que equivale aproximadamente a todos los gastos de la Generalidad en salud, educación y bienestar social del año 2011 o en la previsión de los gastos del Estado del 2011 en defensa y seguridad.
Este déficit fiscal ha perdurado en el tiempo: en los últimos 25 años, Catalunya sufre de media un déficit fiscal anual del 8% del PIB.

Ante esta situación, el Govern ha tenido que hacer lo imposible para buscar nuevos ingresos y reducir los gastos, sin afectar el estado del bienestar, pero a menudo con una respuesta inadecuada por parte del Estado: el Estado ha llevado a los tribunales de forma sistemática cualquier nueva figura tributaria que permitiera incrementar ingresos de la Generalidad (impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, producción de energía nuclear, euro por receta, etc.); ha repartido los objetivos de déficit injustamente, reservándose buena parte de los objetivos permitidos; y ha incumplido compromisos ya adquiridos.

Un primer ejemplo es el desarrollo de la Ley de dependencia, en el que el compromiso de financiación pública debía repartirse a partes iguales entre Estado y Generalitat: en 2014 el Estado destinó 192 millones de euros y la Generalitat 909 millones de euros, más de 4 veces más. Si la Generalitat hubiera destinado los mismos que el Estado, un 65% de las personas atendidas habrían quedado al margen de esta atención.

Otro acuerdo fallido es la inversión en infraestructuras: el Estatuto recogía el compromiso del Estado de invertir en Catalunya de acuerdo con su peso económico a fin de resolver el déficit crónico en infraestructuras del país. Pues bien, la deuda del Estado por el incumplimiento de este pacto alcanza los 3.967 millones de euros.

No es un tema de disponibilidad presupuestaria, sino de voluntad: mientras el Plan de cercanías de Catalunya ha tenido una ejecución del 7%, el Plan de cercanías de Madrid se ha ejecutado en un 100%. 

Son los ciudadanos de Catalunya los que día a día sufren los retrasos de este servicio ferroviario.

Esta discrecionalidad en el reparto de recursos se observa en otros campos como las aportaciones en equipamientos culturales -se congela la aportación en cultura en Catalunya en los presupuestos generales del 2015, pero el Prado, Reina Sofía, Thyssen y Teatro Real aumentan- o en los presupuestos por el Plan de Desarrollo Rural, donde el Estado aporta al campo catalán el 7,3% de las ayudas, frente al 23% de otras comunidades.

No sólo la recentralización se ha producido por la vía económica, sino que también lo ha hecho por la vía normativa. Aparte de las figuras tributarias ya mencionadas, el Estado ha presentado 19 recursos de inconstitucionalidad contra disposiciones catalanas, de las que cabe destacar las que afectan al modelo catalán de comercio o aquellas que pretendían hacer frente a los casos de pobreza energética. Por su parte, el Gobierno de la Generalitat también ha tenido que ir a los tribunales para defenderse de leyes que atacan su propio autogobierno.

Es importante destacar que los litigios vienen de lejos y el Estado, en lugar de hacer un cumplimiento escrupuloso, arrastra algunos incumplimientos desde hace tiempo. En efecto, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la obligación del Estado de territorializar los fondos estatales destinados a otorgar subvenciones, la normativa que aprueba el Estado sigue desatendiendo esta jurisprudencia constitucional y año tras año prevé la gestión centralizada de fondo, perjudicando las entidades que no son de ámbito estatal.

Hace más de 15 años que el Estado incumple las sentencias del Tribunal Constitucional favorables a la gestión territorial del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales, una reivindicación constante del Gobierno de la Generalidad desde el 1998, que implica que las entidades sociales catalanas dejen de recibir más de 20 millones de euros recaudados en Catalunya.

De forma similar, hace más de 20 años que el Estado incumple la ley en materia de becas al estudio y no ha traspasado la titularidad a la Generalitat, tal y como reconocen los tribunales, o incluso, tras 30 años de las primeras solicitudes, todavía no se ha cumplido la devolución total de los "Papeles de Salamanca".

Los últimos capítulos de este documento se centran en los elementos integradores y cohesionadores del país: la lengua y el modelo de escuela catalana, y es aquí donde se ha sufrido un ataque constante. Por un lado, la aprobación de la Ley orgánica de la mejora de la calidad de la educación ha modificado el modelo educativo y ha perjudicado la continuidad del modelo de escuela inclusiva y del sistema de inmersión lingüística, que tan bien ha funcionado durante más de 30 años. Por otro, el desprecio continuado a la lengua catalana y su normal funcionamiento- normas que imponen el castellano, falta de cooficialidad, etc.-, así como la pasividad de las instituciones españolas ante posicionamientos catalanófobos, son elementos que se 'añaden sin duda los motivos que llevan a la ciudadanía de Cataluña a pedir una nueva relación con el Estado.

Este deseo de autogobierno tiene un doble sentido: por un lado, la mejora de las condiciones de vida de toda la ciudadanía de Catalunya, sobre la base del progreso económico y del sostenimiento del estado del bienestar y, por otra , el cumplimiento de sus anhelos colectivos como pueblo y de su derecho a decidir.