Hasta ahora, la mayor reducción se realizó entre 2011 y 2012 cuando, excluyendo el dinero recibido como rescate europeo a la banca, el déficit cayó en unos 26.000 millones de euros (equivalentes a 2,6 puntos porcentuales). La segunda mayor recorte fue la que se produjo en 2010, cuando Zapatero aprobó su primer plan de ajuste el mismo mes en que se producía el rescate a Grecia. Aquel año se redujo el déficit en 16.000 millones. Pero este año España podría verse obligada a reducir el déficit en 17.000 millones de euros. Este cálculo se hace partiendo de la base que España cierra el 2015 con un déficit del 4,5%, lo que prevé la Comisión Europea.
Un déficit del 4,5% es históricamente alto. Antes de la actual crisis sólo hubo una decena de años en el último siglo y medio en el que el déficit superara este nivel. De todos modos, es un cálculo conservador. La cifra puede llegar a ser del 4,8%, que es el previsto por los analistas. Si se cumpliera esta última previsión, el recorte que debería aplicarse el próximo gobierno español sería de 20.000 millones.
Los presupuestos de 2016, que Rajoy presentó a toda prisa en agosto ya prevén una rebaja del déficit, pero, después de revisarlos, Bruselas ordenó a España que los rehiciera y presentara unos de nuevos que incluyeran un ajuste adicional de 10.000 millones. La proximidad de las elecciones generales, sin embargo, hizo que la Comisión aceptara esperar que hubiera un nuevo gobierno en Madrid.
El caso es que el resultado electoral complicó estos deseos. Primero hay que ver si hay gobierno. El presidente de una influyente organización empresarial que se ha reunido recientemente con Rajoy asegura que el líder del PP prefiere repetir elecciones, lo que haría virtualmente imposible cumplir los objetivos de Bruselas.
(Listo el Rajoy...)
Pero, incluso, si hubiera gobierno en Madrid, es difícil prever qué pasará. En ausencia de un ejecutivo fuerte, el ajuste del déficit se vuelve automáticamente más difícil, ya que el desgaste de recortar no lo asume un solo partido, sino todos aquellos que le dan apoyo parlamentario al gobierno. El ejemplo más cercano lo tenemos en Catalunya, donde en 2013 la Generalitat se negó a continuar reduciendo el gasto, sea porque CiU consideraba que realmente ya no se podía recortar más o porque necesitaba el apoyo parlamentario de ERC (o ambas cosas al mismo tiempo). Nadie quiere asumir el desgaste de ensuciarse las manos.
Se podría argumentar que la reducción del déficit no tiene por qué ser completamente dolorosa. En vez de hacer recortes de gasto se pueden aumentar los ingresos, sea subiendo los impuestos, sea con un incremento de la recaudación fruto de la mejora de la economía. Pero ni habrá aumento de impuestos (de hecho, se han reducido para este 2016) ni habrá una mejora de la economía. Todas las previsiones, incluidas las del propio gobierno español, prevén una ralentización del crecimiento este año nuevo.
La realidad es que España tiene un problema con el déficit (y, de paso, con la deuda, que está en el nivel más alto de los últimos 106 años). Nadie quiere recortar más el gasto y los ingresos difícilmente se dispararán si no hay un boom demográfico (vía inmigración) o se repite una burbuja como la que provocó la crisis.
Todo podría cambiar si se reformara el sistema fiscal, que ha demostrado ser de los más ineficientes de toda Europa, como confirman año tras año las estadísticas de la Comisión Europea, en el que incluso Grecia sale mejor parada que España. Pero esto no se cambia de un día para otro y, en todo caso, nadie ha demostrado voluntad real de hacerlo. Mientras tanto, lo único que podemos esperar es que los mercados no se pongan nerviosos con cualquier pretexto. Si esto ocurriera, con una deuda del 100% del PIB, la sacudida podría ser de época.
(traducción artículo de ara)
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