El gobierno de España se gastará en el 2022 unos 560 millones para rescatar las autopistas quebradas de Madrid...

Cada vez que Madrid anuncia una gran inversión, el resto de los españoles y los catalanes nos ponemos a temblar porque ya sabemos cómo terminará la cosa: deberá ser rescatado.

Ocurrió con la planta Castor y con las autopistas de Madrid. Y lo próximo que vendrá será Madrid Nuevo Norte que tiene pinta que su destino final sea como el de la china Evergrande...

La cuestión es que a los catalanes siempre nos toca pagar las quiebras Madrid.

El Consejo de Ministros aprobó esta semana modificar los límites de gasto con cargo al próximo ejercicio con el fin de “atender los efectos derivados de la resolución de varios contratos de concesión de obra pública”. En concreto, el Gobierno ha estipulado el pago de 1,76 millones por la AP-36 Ocaña-La Roda; 17,7 millones por la madrileña M-12 Eje Aeropuerto; 181,3 millones por la R-4 (Madrid-Ocaña); 304 millones por la R-3 (Madrid-Arganda del Rey) y R-5 (Madrid-Navalcarnero); y 55,2 millones por la AP-41 (Madrid-Toledo). 

Esos 560 millones extra que se incluirán en los presupuestos para el próximo año se sumarán a los 255,4 consignados al ejercicio 2021, según informó el Consejo de Ministros. En total, 815 millones. 

El Ejecutivo ñordo tiene pendientes varias vías de gasto por el rescate de las autopistas. Por contrato, tiene que indemnizar a los fondos acreedores de las nueve autopistas rescatadas para compensar las inversiones realizadas por las concesionarias para la construcción de las carreteras y que no dio tiempo a amortizar antes de que quebrasen. Es lo que se denomina la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA). Para calcular esa compensación, el Gobierno diseñó una fórmula que tenía en cuenta los valores patrimoniales de las inversiones en expropiaciones, obras y bienes inmuebles, el cálculo de la amortización o los intereses, entre otras cuestiones. En principio, los posibles beneficiarios de la RPA eran las concesionarias de las autopistas, entre las que se encontraban Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis, ACS, Isolux, Comsa, Sando, Azvi, Europistas, Budimex, Globalvia y Ploder (prácticamente todas con sede en Madrid...).

Sin embargo, las compañías pignoraron con la banca las RPA como garantía de cobro para obtener la financiación necesaria para acometer la construcción. Por su parte, los bancos fueron vendiendo sus posiciones en la financiación de los proyectos a fondos oportunistas, que son quienes esperan cobrar tras la liquidación El Ministerio de Transportes ha ido calculando la RPA correspondiente para cada autopista. Sin embargo, a la hora de determinar la indemnización total, descuenta los importes que tendrá que pagar para hacer frente a la liquidación de situaciones aún pendientes, esencialmente expropiaciones por pagar. Por un lado, las concesionarias pagaron las expropiaciones hasta que se declararon en suspensión de pagos, y el Estado debió asumir esta factura. Por otro, algunos propietarios de terrenos judicializaron las expropiaciones y muchas de ellas permanecían pendientes de resolución. El importe que deba compensar el Estado se descuenta de la RPA reconocida, y se da la circunstancia de que en algunos casos el pago pendiente por expropiaciones es superior a la RPA, por lo que esta compensación es de cero euros. Los fondos acreedores recurrieron ante el Supremo el cálculo de estas indemnizaciones.

Los fondos acreedores calculaban en 4.500 millones la factura que debía asumir el Estado por la reversión anticipada de las concesiones ante el derrumbe del tráfico o los sobrecostes por expropiaciones. Pero el Gobierno calculó las indemnizaciones en no más de 1.800 millones y ha venido publicando RPA muy adversas para los intereses de los tenedores de la deuda.