Varios estudios de la UE alertan que España, Italia, irlanda y Eslovenia no están gastando lo necesario en mantener sus viejos puentes y carreteras...

Mientras la sucia prensa de papel de Madrid habla de la pancarta del rey, esta semana nos enterábamos que la deuda del Estado y de la Seguridad Social habían llegado a su máximo histórico.

Un país al borde de la quiebra total en el que no hay ni un céntimo para reparaciones en las infraestructuras construidas en los años 60 y 70.

En este documento, la UE alertaba hace 4 años de la poca inversión en mantenimiento de Italia, Irlanda, Eslovenia y España...

Pero el problema no solo es culpa del Estado, las concesionarias de las autopistas no invierten lo que deberían en la conservación de sus carreteras. Estos días ha salido publicado que Atlantia, la nueva dueña de Abertis junto con Florentino, había ingresado 43.000 millones en peajes desde que cambió el siglo y solo se había gastado para reparaciones unos 5.000 millones y otros 13.000 millones en ampliaciones (a cambio de de más concesión...).
Es evidente que la privatización de las autovías ha sido la mayor estafa del siglo pasado y presente.

Bien, como iba diciendo, España está en el grupo de países que no hacen sus deberes en mantenimiento de carreteras y puentes.
Y para ejemplo, el puente de la A-2 entre las gasolineras Queralt y el hotel del Bruc.

Por suerte, este 2018 han empezado las obras de reparación y los trabajos ha realizar demuestran que el diagnóstico era terrible.

Realmente estaba a punto de colapsar...

En ese otro estudio de la Comisión Europea del 2017 podemos encontrar que uno de los efectos negativos de la falta de mantenimiento es que castiga la economía:

La infraestructura viaria se está degradando en muchos Estados miembros debido a un mantenimiento inadecuado. El gasto público en el mantenimiento de las carreteras disminuyó en la UE en aproximadamente un 30 % entre 2006 y 2013 y ascendía a un 0,5 % del PIB en 2013 (frente al 1,5 % en 1975 y un 0,8 % en 2008). Esta circunstancia tiene diversas repercusiones negativas a nivel económico, social y medioambiental, incluido un aumento de los gastos operativos de los vehículos y las emisiones contaminantes y sonoras, así como de los tiempos de viaje y de la siniestralidad, y efectos negativos sobre la economía.

Esto se hunde.