Dentro de 20 años (formando parte de España) los pensionistas catalanes perderán el 40% de poder adquisitivo.

Un aviso a todo esos catalanes que tienen 50 años y todavía no tienen claro que hay que largarse de España...

Según un estudio del Institut d'Economia de Barcelona:

Una de cada cuatro personas en España ya son pensionistas, y el envejecimiento de la población sugiere que este porcentaje aumentará en los próximos años. El actual sistema de pensiones será incapaz de mantener el pulso con este cambio demográfico. Consciente de ello, el Gobierno ha impulsado dos reformas en los últimos años: una en 2011, cuando se elevó gradualmente la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, y otra en 2013, cuando se introdujo un nuevo sistema de revaloración de las pensiones. El Instituto de Economía de Barcelona (IEB) ha lanzado un nuevo IEB Report con el título ¿Nuevos impuestos para financiar las pensiones? en el que tres expertos analizan las consecuencias de estas reformas y plantea otras de más profundas para dar viabilidad al sistema de pensiones español.

“La última reforma ayuda a la sostenibilidad del sistema, pero de una forma ineficiente e injusta, al recaer todo el coste en la congelación de las pensiones. Tan pronto el Banco Central Europeo consiga su objetivo de inflación del 2%, las pensiones perderán un 1,75% de poder adquisitivo cada año. Es decir, con este mecanismo el sistema actual proporciona una pensión con un poder adquisitivo menguante en el tiempo ya que, transcurridos 20 años desde la fecha de jubilación, permitirá comprar entre un 30% y un 40% menos de bienes y servicios que en el año de jubilación”, alerta en el informe José Ignacio Conde-Ruiz, profesor titular de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Boulhol y Reilly, economistas de la OCDE expertos en pensiones, detallan en su aportación al IEB Report las dos vías más generalizadas de financiar las pensiones: el modelo asistencial; en el que se garantiza un mínimo de subsistencia igual para toda la población -el llamado 'primer nivel' que se suele complementar con planes de tipo privado-, y el modelo contributivo (el que se aplica en España), en el que el valor de la pensión depende de la cotización de cada individuo.

José María Durán-Cabré, investigador del IEB, apunta en su aportación que cuando un sistema como el español, de tipo contributivo, incurre en déficit, cabe acudir a dos alternativas en función de la naturaleza del déficit. “Si es coyuntural, consecuencia del ciclo económico, habrá que financiarlo con el superávit acumulado en la fase expansiva del ciclo. En España, por ejemplo, el fondo de reserva de la Seguridad Social llegó a disponer de casi 66.000 millones en 2011, pero en julio de este año la cifra había descendido hasta los 25.000 millones. En cambio, si el déficit es estructural habrá que reformar el nexo cotización-beneficio y su financiación".

¿Cómo aumentar los ingresos en el sistema español?

La evidencia de la insostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo ha hecho que partidos políticos y agentes sociales hayan puesto sobre la mesa la posibilidad de buscar vías alternativas para aumentar los fondos de la llamada "hucha de las pensiones". En sus aportaciones al IEB Report, los expertos reflexionan sobre algunas de ellas:

• Financiar una parte de las pensiones con impuestos tales como el IVA. Se trata de una medida que han sondeado partidos políticos y agentes sociales en España. Sin embargo, Conde-Ruiz considera que esto no tiene mucho sentido si se quiere mantener la naturaleza contributiva del sistema de pensiones español. “La naturaleza de un sistema de pensiones contributivo reside en que la pensión que recibe un jubilado depende de las cotizaciones realizadas a lo largo de su vida laboral. Dicho de otro modo, si no contribuyes, no tienes pensión, y si contribuyes poco, tu pensión es baja. Si realizamos una devaluación fiscal por la cual las cotizaciones se sustituyen por los ingresos del IVA, lo que estamos haciendo es financiar una parte de las pensiones contributivas con el IVA. Pero esto rompe el principio de contributividad, ya que una persona que no ha trabajado suficiente y no tiene derecho a una pensión contributiva podría reclamarla aludiendo a que en realidad sí está aportando al sistema de pensiones a través del pago del IVA cuando consume”, señala.
• Subir las contribuciones. “Las empresas pagan en general en torno al 30% por las cotizaciones sociales y los trabajadores soportan un 6,35%. Las cotizaciones son con diferencia el “impuesto” más importante en España, representando cerca del 35% del total de ingresos impositivos. Suponen un 11,4% del PIB, medio punto porcentual más que para la media de países de la UE de 15”, destaca Durán-Cabré. En vista de estos datos, parece difícil que la sociedad española acepte esta vía.
• Virar hacia un sistema asistencial. El Estado proporcionaría una pensión mínima igual para todos, lo que significaría desbaratar el actual sistema e igualar todas las pensiones, cuyo importe caería notoriamente hasta ser una mera aportación para subsistir.

Entre las alternativas apuntadas para aumentar los ingresos, Conde-Ruiz sugiere una vía intermedia: pasar las pensiones de viudedad al sistema asistencial, de manera que se liberen recursos a favor de las pensiones contributivas. “Esta vía, de hecho, iría en la línea de avanzar en la plena financiación de las prestaciones no contributivas y universales a cargo de los ingresos generales. Y las cotizaciones sociales, de acuerdo con la naturaleza contributiva del sistema español, servirían para financiar únicamente las pensiones contributivas”, resuelve Durán-Cabré en el IEB Report. Ahora bien, advierte que el coste de estas pensiones (unos 21.000 millones) implicaría un mayor gasto a financiar por el conjunto del sistema fiscal.