Sin embargo, Montoro decidió que a todos sus amiguetes clientes y grandes funcionarios se les regularizara el dinero a cambio de que pagaran un 10%...
Tal como lo lee, querido lector, usted pagará un 25% y ellos que ganan millones solo el 10% (ya entonces Messi tributaba al 56% y le llamaron criminal).
¿Y saben qué respondieron los defraudadores?
Que nanai, que ellos pagarían entre el 2 y el 3% y encara gràcies...
Y Montoro dijo que "okey"...
Un poco de historia:
En el año 2012 Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, se inventó una amnistía fiscal. Al fin y al cabo, las elecciones las había ganado el PP con mayoría absoluta. No era la primera, ni la segunda en España en democracia. Felipe González tuvo que hacer hasta dos para poder poner al día a los grandes patrimonios españoles, acostumbrados a mantener sus riquezas en el extranjero.
La amnistía se diferenció de las otras por simple pero sobre todo, por barata. Montoro quiso diseñar un mecanismo tan económico que ninguna gran fortuna se pudiera resistir. La fórmula sencilla: desde abril hasta noviembre se abríó una ventana de oportunidad para aflorar todas las rentas no declaradas en el extranjero. No habría multas ni sanciones. No se perseguiría a los que se presentaran ni se utilizaría la información de la amnistía para posteriores comprobaciones. Ni siquiera era necesario traer el dinero físicamente de vuelta a España. Solo se exigían dos cosas: que el origen de los fondos fuera lícito (que no procediera de actividades como narcotráfico, por ejemplo), una comprobación que luego no se realizó, y que se pagara una cantidad ínfima para que el fisco hiciera borrón y cuenta nueva.
El tipo que se aplicaría, teóricamente, era del 10% del capital aflorado aunque, cuando se aplicó, se rebajó este porcentaje aún más. Así, en vez de gravarse el 10% de todo el patrimonio que se quisiera aflorar, solo se impondría la tasa sobre los rendimientos de los bienes en los últimos cuatro años antes de la amnistía. Las condiciones terminaron relajándose aún más: si la declaración se presentaba después de junio de 2012, solo era necesario tributar por los intereses desde 2008.
De facto, esto supuso que el tipo efectivo, es decir, lo que realmente pagó la gente que se ha acogió a la amnistía fuese solo del 3%. Y en muchas ocasiones el tipo fue aún menor, incluso menos del 2%. Muchas de estas fortunas llevaban ocultas para el fisco español desde hacía tres o cuatro décadas, y solo se les pidió que pagaran por lo ganado en los últimos cuatro años.
Los propios asesores fiscales advirtieron al ministro de lo extremadamente barato de la amnistía. Y aún así, hubo fortunas a las que les pareció caro y no se decidieron a acogerse (¡con un par!). También los que no se fiaron del sigilo con el que se fueran a custodiar sus nombres.
Un año más tarde, hubo una nueva oportunidad de aflorar rentas, gracias al conocido como modelo 720 por el que los contribuyentes tenían que declarar sus bienes en el extranjero. En este caso, no declarar estos bienes venía aparejada a cuantiosas multas, hasta el punto que hubo fortunas que se atrevieron a regularizar en este modelo lo que no habían confesado en la anterior.
La cuestión es que de los 40.000 millones de euros legalizados, las arcas del Estado solo se quedaron con 1.200 millones: la mitad del objetivo previsto por Hacienda cuando diseñó la campaña.
Se hicieron algo más de 31.000 declaraciones, entre personas físicas y jurídicas, pero lo que se pagó de media apenas rebasó los 37.000 euros...
Y nunca conocimos la lista de los 705 nombres PEP (Personas Políticamente Expuestas por sus siglas en inglés), de personas con cargos públicos que se acogieron a la amnistía.
A día de hoy apenas se conocen un puñado de estos nombres: Rodrigo Rato, José Ángel Fernández Villa –el líder del sindicalismo minero–, Francisco Granados y la esposa de Miguel Arias Cañete, Micaela Domecq, entre los más relevantes. Del resto de los políticos o familiares directos de políticos que tuvieron acceso al dinero público y además guardaban patrimonio opaco poco o nada se sabe. Al menos por ahora.
Lo terrible de todo esto es que los catalanes tenemos derecho al 50% del IRPF. Con la amnistía son varios miles de millones de euros que dejaron de venir a Catalunya vía financiación estatal...
Marchemos ya de esta porquera.
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