Traducción al castellano de
este artículo en viaempresa de Ivan Aguilar (economista).
La preocupación por el estado del sistema de pensiones no para de aumentar año tras año. Lo último que hemos sabido es que su alcancía (hucha) ya no tiene dinero ni para pagar la extra de julio. En este sentido, lo más habitual es ver a los medios de comunicación que los culpables son los salarios bajos y la precariedad laboral. El deterioro del fondo de pensiones parece no tener freno y el pasado año 2016 se ha reducido en 18.100 millones de euros:
En 2011 el fondo alcanzó su volumen máximo con 66.815 millones de euros, mientras que el cierre de 2016 ha dejado un saldo de 15.020 millones. Es decir, 3.000 millones de euros menos que el déficit de la seguridad social de 2016.
El funcionamiento del fondo de reserva es bastante simple. Los ingresos provienen mayoritariamente de tres fuentes: las cotizaciones sociales de las empresas, las de los trabajadores y las de los parados que cobran prestación. Con esta recaudación se pagan las pensiones y el coste ordinario de la Seguridad Social. Si hay superávit, como ocurrió hasta 2011, éste se traslada al fondo de reserva. Asimismo, el dinero del fondo de reserva se invierte en deuda pública. Por lo tanto, los intereses de estas inversiones se añaden al fondo vía presupuesto. Entre el 2000 y el 2016 el Fondo de Reserva ha ingresado 28.000 millones de euros en concepto de intereses provenientes del mercado secundario de deuda pública española.
Un repaso a la contabilidad nacional de la Seguridad Social sirve para comprobar cuando comenzaron los déficits intensivos:
En 2008 comenzaron a reducirse los superávit de la seguridad social y el 2010 es el primer año de déficit. Los ingresos por deuda pública, sin embargo, permitieron aumentar el fondo ese año y no sería hasta el siguiente -2011- que el fondo comenzaría la reducción de su volumen. Lo más relevante de la gráfica es ver cómo los ingresos todavía caen aunque a una velocidad más lenta de lo que aumentan los gastos, que están en máximos históricos. Ahora bien, ¿a qué se debe esta reducción de los ingresos? Es cierto que es debido a los salarios bajos y la precariedad laboral? La siguiente gráfica aporta respuestas muy claras:
Caída de las aportaciones
Las aportaciones de las empresas al sistema fueron de 94.700 millones de euros en 2008. Esta cantidad fue bajando hasta los 81.400 millones de 2013. Desde entonces, no hace más que aumentar y cerró en 2016 con una aportación de 90.000 millones de euros, el 62,5% de los ingresos totales.
Las aportaciones de los trabajadores son pequeñas y son poco sensibles al ciclo. Por ejemplo, en 2009 llegaron al máximo aportando 38.000 millones de euros; y desde allí cayeron hasta los 34.700 millones en 2015. Por tanto, lo que explica el gran aumento del déficit público desde el año 2009 es la caída del empleo del sector privado.
Cuando las aportaciones empresariales comienzan a caer el Estado empieza a pagar prestaciones de paro y se produce un efecto sustitución en la Seguridad Social: aquel dinero que ponían empresas los pone el Estado. A medida que el número de parados sin prestación comienza a aumentar y cae la tasa de paro, las aportaciones estatales caen más rápido de lo que aumentan las de las empresas. Si, además, añadimos que los gastos aumentan cada año, es fácil comprobar que la estabilidad del sistema está comprometido: hay demasiados pensionistas y, en general, las pensiones son demasiado elevadas. España tiene una cuña fiscal (la proporción de la renta que se dedica al pago de impuestos) del 40%, la más elevada de la OCDE, así que subir impuestos no es posible.
Las variables del sistema
La teoría sobre sistemas de pensiones es numerosa y, además, no es especialmente compleja. Los sistemas de pensiones de reparto, como es el español, dependen básicamente de tres variables:
1- La demografía. Cuanto mayor es el peso de los jubilados sobre el total, más aumentan los gastos en relación a los ingresos.
2- El mercado de trabajo. Cuanto menor sea la tasa de ocupación, menos ingresos y, por tanto, menor sostenibilidad del sistema.
3- Eficiencia de la pensión media hacia la productividad de toda la economía. Es lo que llamamos tasa de sustitución de las pensiones y analiza la relación entre pensión media y salario medio. Cuanto más elevada sea esta relación menos sostenible es el sistema.
La evolución del cuadro demográfico español no es el mejor para la sostenibilidad de las pensiones. Como muestra la figura siguiente, la proporción de personas en edad de jubilarse no para de aumentar. Durante la década de los 2000 esta proporción era estable en el 15%, pero desde 2011 no para de aumentar y a finales de 2016 ya era del 17,9%.
Es esto lo que explica que el gasto en pensiones esté en máximos históricos. La peor noticia para el sistema de pensiones es que las proyecciones del INE dicen que estamos a medio camino, ya que esta proporción aumentará seis puntos más en 2030 hasta el 23%. Por lo tanto, los ingresos no aumentarán mucho pero los gastos pueden seguir haciéndolo.
Vemos en la misma gráfica que el tamaño del mercado de trabajo se reduce constantemente. En 2009 la proporción de la población en edad de trabajar era del 69%, pero actualmente es del 66%. Una tendencia que limita mucho la recuperación de los ingresos, con el añadido de que las proyecciones auguran una caída adicional de tres puntos en 2030 hasta el 63%.
La demografía y el mercado de trabajo van ligados también a la esperanza de vida. Las pensiones se empiezan a pagar los 65 años, pero si el aumento del tiempo medio que viven las personas es importante, puede poner en riesgo la viabilidad del sistema ya que más esperanza de vida es más gasto.
España tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Es por este motivo que en 2016 se introdujo el factor de sostenibilidad para el cálculo de la pensión. Por lo tanto, si la esperanza de vida sigue aumentando esto hará caer el importe de la pensión percibida y viceversa.
La relación entre pensiones y salarios en España no ha sido positiva. Las pensiones han aumentado muy por encima del salario bruto anual, que se ha mantenido estable debido a las subidas de impuestos generalizadas tras la Gran Recesión:
Esta gráfica explica por sí sola porque en 2015 se aprobó retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Lo cierto es que el conjunto de medidas que hasta ahora se han tomado son necesarias pero no parecen suficientes para asegurar la viabilidad del sistema. Este 2017 la reserva se quedará sin fondos para financiar el sistema, tal como el Gobierno ha notificado a la UE.
Medidas urgentes que no vendrán
Así pues, se necesitan medidas extras urgentes. El motivo es que la deuda pública es muy elevada. Si no estabilizamos el sistema habrá que financiar las pensiones vía presupuesto general del Estado y esto es algo que hay que evitar a toda costa. ¿El motivo? De hacerlo así habrá que recortar otros servicios básicos como sanidad, educación o protección social. Las pensiones deben evolucionar de forma similar a los salarios y este es el reto que tiene por delante la Seguridad Social.
A pesar de todo, soy muy pesimista. Miren el Congreso y verán que los dos principales partidos tienen un porcentaje muy alto de voto pensionista, así que no tienen ningún incentivo para hacer lo que hay que hacer. Vienen malos tiempos para el estado del bienestar español.
