INCREIBLE, el informe de exteriores ya habla del reparto de la deuda entre Catalunya y España.

Es más, hay voces que dicen que España podría acceder a una independencia a cambio de un "cheque" eterno del 5% del PIB catalán, a cambio no nos vetaría en los organismos internacionales...

Estamos en ese momento en que España da por perdida Catalunya y lo alargará todo lo que pueda, evidentemente es la hora que nosotros no debemos fallar.

Aquí el informe

Así empieza el informe de Exteriores.

En el apartado 5 podemos leer:

No obstante, el Derecho Internacional no fija con certeza los criterios para poder aseverar con claridad cuándo ha nacido un Estado. Por ello, en la práctica, para que exista un Estado es preciso que éste sea reconocido como tal por la comunidad internacional. Quiere ello decir que nos encontramos ante una situación que tiene un importante componente fáctico. Es más, como quiera que rige el principio de libertad de reconocimiento (expreso o implícito), la existencia de un nuevo Estado depende sobre todo de la voluntad del resto de Estados de reconocerlo como tal. Dicho de otro modo, la figura del ‘reconocimiento de Estados’ no añade ningún elemento nuevo a la existencia del Estado reconocido, si bien obviamente puede tener a la postre efectos jurídicos en el plano de las relaciones entre esos Estados y/o organizaciones internacionales.
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En el 6 es donde habla de la deuda:

6. Sucesión de Estados
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Así, en el caso de la separación de una parte del territorio de un Estado, que pretendiera formar otro Estado, el Derecho Internacional trata las consecuencias jurídicas bajo lo que se conoce como la institución de la “sucesión de Estados”. En este sentido, al margen de que los dos tratados internacionales que regulan la cuestión con pretensión de universalidad o bien no han entrado aún en vigor  (Convención sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado, de 8 de abril de 1983) o bien disponen de un número todavía limitado de ratificaciones (Convención de Viena, sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, de 23 de agosto de 1978) y España no está entre ellas, existen principios generales y Derecho consuetudinario plenamente asentado en la materia. En cualquier caso, todo lo previsto a propósito de la sucesión de Estados presupone, una vez más, que la separación haya sido realizada conforme al Derecho Internacional General. Así, las dos convenciones citadas establecen expresamente que “[l]a presente Convención se aplicará únicamente a los efectos de una sucesión de Estados que se produzca de conformidad con el derecho internacional y, en particular, con los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas” (artículo 6 de la Convención de 1978 y artículo 3 de la Convención de 1983).

Por tanto, en el caso que nos ocupa, por lo que específicamente se refiere a la sucesión en materia de tratados, regiría claramente el principio de continuidad, de manera que España sería el Estado continuador de todos los tratados internacionales de los que ya es Parte, salvo que existiera acuerdo en otro sentido entre los Estados interesados o salvo que de algún tratado concreto pudiera desprenderse otra consecuencia por resultar incompatible con el objeto y fin del tratado o cambiar radicalmente las condiciones de ejecución del mismo. En este sentido, por ejemplo, en relación con los tratados territoriales relativos a fronteras, aprovechamiento de ríos internacionales u otro uso territorial, tanto la práctica internacional como la propia jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia han dejado bien sentada la plena vigencia del principio de continuidad en aras de garantizar el principio de estabilidad.

Por lo que afecta a la sucesión en materia de deudas, entendidas como “toda obligación financiera de un Estado predecesor para con otro Estado, para con una organización internacional o para con cualquier otro sujeto de Derecho Internacional, nacida de conformidad con el Derecho internacional” (art. 33 de la Convención de 1983), rige en primer lugar el acuerdo entre los interesados. Sin embargo, a falta de acuerdo el Derecho Internacional prevé el criterio de la transmisión de la deuda en una proporción equitativa. Es decir, no rige el principio de la tabula rasa, de manera que el nuevo Estado también debería contribuir (equitativamente) al abono de las deudas existentes. Así, la Convención establece que “cuando una o varias partes del territorio de un Estado se separen de él y formen un Estado, y a menos que el Estado predecesor y el Estado sucesor hayan convenido en otra cosa, la deuda de Estado del Estado predecesor pasará al Estado sucesor en una proporción equitativa, habida cuenta en particular de los bienes, derechos e intereses que pasen al Estado sucesor en relación con esa deuda de Estado”, fijando que lo dicho en este párrafo “se aplicará cuando una parte del territorio de un Estado se separe de él y se una a otro Estado” (artículo 40).

Igualmente, en materia de reparto de bienes, entendidos como “los bienes, derechos e intereses que en la fecha de la sucesión de Estados y de conformidad con el Derecho interno del Estado predecesor pertenecían a éste” (art. 8 de la Convención de 1983) regiría idéntico criterio de compensación equitativa. Esto es, debería llegarse a un acuerdo entre los dos Estados y, en ausencia del mismo, debería existir una compensación equitativa. En términos generales, podría considerarse que España seguiría siendo la titular de los bienes de los que ya lo es, si bien los bienes inmuebles y los bienes muebles del Estado predecesor (España) que se encuentren situados (o vinculados) en el supuesto Estado (Cataluña) podrían pasar a ser titularidad de éste último (art. 17 de la Convención de 1983).

Por último, por lo que concierne a los otros sujetos de Derecho Internacional diferentes a los Estados, España continuaría siendo miembro de todas las organizaciones internacionales de las que ya lo es (en algún caso como el de la UE podrían darse posteriormente ciertos ajustes internos de las condiciones; AJI 17.478, de 20 de diciembre de 2012), mientras que el nuevo Estado quedaría fuera de las mismas. A partir de ahí, si el nuevo Estado deseara el ingreso en cualquiera de esas organizaciones internacionales, incluida la ONU, debería cumplir los requisitos de admisión del tratado constitutivo de la correspondiente organización internacional y, por tanto, negociar las condiciones como cualquier otro Estado candidato.


COMO PODRÁN VER...
Habla de proporción equitativa pero sin añadir si se tratará de la población, extensión, PIB o la media de los tres (13'7%)...
Me gustaría saber si habrá alguna manera de calcular el expolio, aunque me temo que eso es una cuestión política. Diferente son nuestros derechos en cuestión de nuestra parte del fondo de la seguridad social, eso sí que tienen el deber de devolverlo. Si bien, desgraciadamente, no quedará nada si tardamos mucho...

Y sobre lo bienes mueble e inmuebles queda claro que lo que está dentro de Catalunya será de Catalunya, por lo tanto, puertos, aeropuertos red de ferrocarriles, carreteras, comandancias militares...

En todo caso, como vengo diciendo, tendrá que haber negociación, la deuda española son unos papelitos que pone Reino de España, no puede cambiarse el nombre del titular, por lo tanto, lo que se hará es valorar una parte de la deuda y Catalunya tendrá que ingresar cada año, según los vencimientos de la propia deuda, una cantidad al gobierno español.

Por eso, hay gente que dice que puede darse el caso que finalmente sea una cantidad proporcional del PIB catalán, que bien podría ser eterna o poniendo límites temporales, un "peaje" a cambio de que España avale a Catalunya en su entrada en la ONU y la UE, o sea, que los productos catalanes puedan seguir circulando por territorio español...

Porque una cosa está clara, si España, ni los organismo internacionales, no reconocen a Catalunya, nosotros no queremos saber nada de sus mecanismos de financiación o mercados...