Duran y Espadaler llevan a Unió a su desaparición.

Antes de leer el tocho legal que pondré más abajo, resumo diciendo que un partido político no es una empresa ni tiene accionistas. Si esa formación quiebra, se disuelve y los acreedores se joden...
Así de fácil.
Hace unos 30 años, el partido político de Florentino Pérez y Miquel Roca (Partido Reformista Democrático) no consiguió ningún diputado, tenía una deuda de 24 millones, diluyeron el partido y los bancos se quedaron con un palmo de narices...

Así que, Unió Democràtica de Catalunya hará lo mismo, se disolverá, se darán baja del registro de partidos políticos y el Duran no deberá empeñar su batería...

Mucho ruido y pocas nueces...

Eso sí, la marca Unió estará ligada a su deuda (19 millones), por lo que, si los Espadaler y compañía quieren volver a refundar el partido deberán pagar a los bancos y a creedores... Así que, lo más probable es que cambie de nombre y desaparezca una formación casi centenaria...

Hay otra vía en la que el partido podría existir con las cuentas embargadas, o sea, podría presentarse a comicios sin poder hacer campaña electoral...

Ya ven, apoyar el españolismo fatuo te lleva a la aniquilación...
Madrid no paga traidores...

La regulación, según la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, contempla dos posibilidades: por un lado el partido puede disolverse por decisión de sus afiliados, y por otro, la disolución puede producirse por resolución judicial.

Cuando sean los afiliados los que acuerden la disolución del partido, deberán atenerse a las causas que se hayan previsto en los Estatutos. Los supuestos en los que corresponde realizar la disolución por medio de autoridad judicial están recogidos en el  art. 10 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. La primera causa de disolución la constituye el que se haya incurrido en un delito de asociación ilícita, en cuyo caso la adopción de la decisión corresponde al Juez competente del orden jurisdiccional Penal.

Cuando la resolución judicial acuerde la disolución del partido, deberá cesar sus actividades. No se podrá crear un nuevo partido político o hacer uso de otro ya existente y registrado que suponga la continuación o sucesión del  declarado ilegal y disuelto.

Para que la disolución surta efectos, deberá ser comunicada al Registro de Partidos Políticos, por los propios afiliados cuando sean estos los que la han acordado, o por la autoridad judicial, en el resto de los casos.

Reparto de los bienes
La disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora. El patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario.

Y entonces, como en cualquier sociedad comienza la disolución. Los liquidadores, como cualquier empresa, han de ordenar por montones las deudas y otorgarles una prioridad de acuerdo con el inventario de bienes.

La prioridad pasa por cumplir con Hacienda y la Seguridad Social en primer lugar y luego con el personal laboral, es decir, pasan al paro y a cobrar una indemnización en los términos previstos por el Fogasa.

Entonces, comienza la auténtica lotería…. proveedores, bancos y demás empresas que suministran bienes o servicios pujan por cobrar o negociar una quita para reembolsarse algo de lo que han invertido. Una situación de total indefensión jurídica, porque a diferencia de las sociedades, la ley no contempla a responsables penales, y no pueden perseguir ni siquiera a los que los contrataron.

Y, en el hipotético caso de que el partido tuviera unas cuentas saneadas y en el momento de su disolución no hubiera deudas. También aquí son peculiares. Porque aunque el discurso afirme que el partido es de los militantes, no es cierto. No son accionistas y no tienen derechos. Ese patrimonio neto resultante pasará a manos del Tesoro o se destinará a obras sociales.