Y cuando el gobierno de España no cumpla con la Constitución (artículo 135) ¿a quién pondremos en la cárcel?

En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se acordó fijar un límite del 60% de deuda pública. Un límite normativo que sirve para que exista un anclaje para que los países menos cumplidores tiendan a regular sus niveles de endeudamiento. En plena crisis de deuda soberana en los países del sur de Europa, en 2011, España modificó la Constitución Española -artículo 135 CE- para comprometerse a cumplir con este objetivo.

"El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", señala el artículo 135 de la CE. La Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 desarrolla lo introducido en la Carta Magna y establece que el objetivo de deuda debe de ser el 60% del PIB en 2020.

Es evidente que muy pronto España incumplirá la constitución. 
Es imposible que España reduzca el nivel de deuda pública al 60% del PIB en 2020

Según cálculos de economistas, España necesitaría un crecimiento por encima de la media de las últimas décadas para bajar la deuda pública al 60% en 2027, siete años más tarde del plazo fijado. Para ello, tendría que crecer al 3%, con una inflación del 2% y un superávit estructural del 3%. Y esto en un escenario de tipos de interés históricamente bajos como los de ahora y sin la aparición de nuevos vaivenes económicos o políticos...

En un supuesto más realista, pero también optimista, España podría reducir la deuda al nivel que propugna Bruselas con un crecimiento más modesto que permitiera obtener la mitad de superávit estructural (sin intereses ni otras variables sujetas al ciclo) en 2046, un cuarto de siglo más tarde de lo previsto.

La cuestión es que en el 2020 es imposible y la pregunta es: ¿irá alguien a la cárcel por ello?
¿Se le aplicará un 155 a España?