La ONU dice que España es Turquía.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha dado la razón al president en el exilio, Carles Puigdemont, y ha determinado que España le retiró el escaño como diputado sin que hubiera sido condenado y sin disponer de "razones objetivas previstas por la ley" que ampararan esta decisión. 

El comité destaca en su resolución que el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce y ampara el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser escogido y el derecho a tener acceso a la función pública y subraya que estos derechos "no se pueden suspender ni negar, salvo por los motivos previstos a la legislación". La ONU exige al Estado que adopte las medidas para evitar que se repitan en el futuro violaciones parecidas. 

El pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos llega cinco años después de que el abogado británico Ben Emmerson presentara ante las Naciones Unidas una queja por el hecho de que se impidió a Puigdemont ser candidato a la presidencia de la Generalitat, en enero del 2018 tras las elecciones del 21-D, y se suspendió su mandato como diputado. Es en relación a este segundo punto, la suspensión como diputado, donde las Naciones Unidas ha dado la razón a Puigdemont. El comité, tras recoge el argumento del president en el sentido que la suspensión no está prevista por la ley, dado que no protagonizó un alzamiento violento, determina que el Estado no ha demostrado que la suspensión de Puigdemont como diputado cumpla con los "requisitos de previsibilidad" exigido por el Pacto. 

Por lo tanto, el comité concluye que el España "violó los derechos" de Puigdemont en virtud del artículo 25 del Pacto, en tanto que "la decisión de procesarlo por el delito de rebelión que resultó automáticamente en su suspensión como diputado, previa a una condena, no fue por motivos previstos en la legislación, que sean razonables y objetivos." Ante esta denuncia, el Estado tiene la obligación de proporcionar a Puigdemont un recurso efectivo, lo cual "requiere una reparación integral a los individuos cuyos derechos han sido violentados", concreta la resolución. No obstante, en el presente caso, el comité considera que el reconocimiento de la reclamación es ya una reparación suficiente, pero exige al Estado "la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para evitar que se comenten violaciones similares en el futuro".

.@UNHumanRights acaba de dictaminar que Espanya va violar els meus drets polítics en impedir que continues fent política al @parlamentcat el 2018. És la primera vegada que l'ONU surt en defensa dels drets polítics d'una persona que és a l'exili, i ho fa amb contundència… pic.twitter.com/NBjghxo7oM

— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 18, 2023