España roba a los catalanes más de la mitad del dinero que asignan en la casilla de fines sociales. Curiosamente las comunidades más beneficiadas son las que marcan la de la iglesia católica...

España esconde los datos de recaudación por comunidades autónomas de la casilla del 0,7% a fines sociales. Aunque la aportación de Catalunya se estima en un 25% del total.

Esa cantidad representaba unos 60 Millones al año aunque, actualmente, debido al crecimiento de contribuyentes que tacha la casilla social se cifra ya en unos 90 Millones lo que los catalanes aportamos.

Y recibimos casi 33 Millones.

Por lo que el robo se sitúa entre casi 30 Millones en el mejor de los casos hasta los casi 60 Millones en el peor...

Repito, en un ejercicio de NO transparencia, el Estado español no publica los datos pormenorizados por comunidades.

Como habrán observado, vascos y navarros no están en el reparto. Ellos se quedan TODA la recaudación de la casilla para fines sociales. En el caso del País Vasco es una cantidad cercana a los 35 Millones de euros (es decir casi como la de Catalunya teniendo 3,5 veces menos contribuyentes...). 

Alguien pensará que lo lógico sería que la parte autonómica (85% del total) se repartiera acorde a lo aportado por los contribuyentes de cada comunidad.

Pues no, se reparte así:

Ya ven, lo que aportan los contribuyente se tiene en cuenta en un 0%.

Da igual que Catalunya sea mas laica y avanzada, quien recibe más son los andaluces... Igual usted creerá que los andaluces, gente de campo y muy trabajadora, son igual de "ateos" que los catalanes.

Pues tampoco...

Pero hagamos un poco de historia... 

El Tribunal Constitucional resolvió hasta en 10 ocasiones a favor de Catalunya litigios contra la forma de repartir la casilla de los fines sociales que perpetraba el Reino de España. Estamos hablando de un pastel de más de 300 millones de euros. Pero los gobiernos españoles siempre se han pasado por el forro las sentencias del Tribunal Constitucional, es decir, si eres una comunidad te aplican el 155 por desobediencia, pero si eres el Estado no pasa nada. Es más, en el 2017, el Secretario de Estado de Servicio Sociales e Igualdad, el aragonés Mario Garcés (del PP) llegó a decir, ante la resolución, que el gobierno no cambiaría el modelo. Por cierto, el tribunal siempre le dio la razón a Catalunya en ese asunto por algo tan básico que los proyectos sociales son competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas.

Finalmente Pedro Sánchez decidió repartirlo entre las comunidades (tal como he explicado), quedándose el Estado el 15%.

¿Y qué hace la Administración Central con ese porcentaje? Pues mantener a funcionarios en el Ministerio de Derechos Sociales en Madrid...

FOTEM EL CAMP!