La Cambra de Comerç de Barcelona realizó un estudio sobre la economía de la Catalunya independiente y decidió no publicarlo al ver que los resultado eran positivos...

Imaginen la cara de la, entonces muy unionista, Cambra de Comerç de Barcelona pidiendo a su gabinete que hicieran un estudio sobre la economía en la Catalunya independiente y viendo que el resultado era positivo para los catalanes.

Evidentemente decidieron no publicarlo. Seguramente, si el resultado hubiera sido la de un futuro catastrófico, habría salido en todos los medios.

Ahora que el presidente de la Cambra es independentista, ha dispuesto desempolvar ese estudio del 2012.
Y en él vemos cosas que ya sabíamos en este blog.

Aquí el informe.

Este miserable decidió esconder el informe.

Principales conclusiones del estudio del año 2012 (nota de la Cambra)

El informe comienza con un primer apartado en el que se trata brevemente el marco político donde se inscriben las consecuencias económicas de la transición hacia el Estado propio correspondiente al momento de la redacción, seguido del cuerpo principal del documento con el análisis de el impacto económico y un capítulo final de conclusiones.

Se parte de la base de que la comparación entre los beneficios potenciales del proyecto de Estado propio y los costes asociados con la ruptura del status quo, más la prima de riesgo del período transitorio, implica un juicio de valor político. Entre otras razones, porque el grado de aversión al riesgo y la comparación entre costes presentes y beneficios futuros dependen de preferencias subjetivas. El juicio de valor político corresponde sólo a los ciudadanos y sus representantes, no a una institución como la Cámara, que es representativa de los intereses económicos y empresariales. Por tanto, en este documento se evita tratar la cuestión de la soberanía como hipótesis que pueda ser validada o rechazada como resultado de un análisis coste-beneficio. El documento se limita a analizar los diferentes aspectos económicos de la transición y constitución de un Estado propio en Catalunya, utilizando argumentos fundamentados y contrastables, a partir de los cuales cada uno se pueda formar su propia opinión.

Por Estado propio se entiende cualquier fórmula jurídica y política que el pueblo de Catalunya decidiera adoptar, validada por el Parlamento. El mínimo común denominador de las diferentes fórmulas que encajarían en el concepto de Estado propio es el principio de bilateralidad en las relaciones con otras entidades políticas, en el marco de las instituciones europeas. En el límite, el Estado propio sería un estado independiente en el marco europeo. Pero también serían Estado propio otras fórmulas que respeten el principio de la plena bilateralidad.

Por ejemplo: un Estado propio se podría constituir la base de una hacienda propia (recaudación y gestión de los recursos fiscales que se originan en el territorio) y plenas competencias sobre la planificación, la financiación y la gestión de las infraestructuras (entre otros áreas donde Catalunya podría asumir plenas competencias). Las consecuencias económicas pueden variar mucho en función de qué fórmula acabe adoptando.

El estudio concluye que el proyecto de una Catalunya con Estado propio dentro de la Unión Europea implica riesgos económicos significativos a corto plazo -sobre todo los derivados de un posible aumento de la percepción de inseguridad jurídica durante el período transitorio- pero además largo plazo puede representar una oportunidad para llevar a cabo unas políticas públicas mejor financiadas y más ajustadas a los intereses específicos de Catalunya.

Con un Estado propio que fuera lo suficientemente ágil y eficiente Catalunya tendría más posibilidades de converger con las economías más competitivas de Europa, pero sólo a condición de que los recursos procedentes del "dividendo fiscal" se apliquen a hacer las inversiones necesarias, en capital físico, humano y tecnológico, que el país necesita. Que se aproveche o no esta oportunidad dependerá en gran parte de la calidad del marco institucional que emerja con el nuevo estado.

Catalunya -como España- debe poder dotar de los instrumentos políticos e institucionales que le permitan liberar todo el potencial de su economía productiva. El reto que desde Catalunya se plantea en España es el de un cambio de modelo institucional y económico profundo. Si España asume el reto, las interdependencias entre los dos territorios pueden llegar a ser más fructíferas que en la actualidad, como deseadas y positivas para ambas partes. Asumiendo este reto la economía española se transformaría también profundamente, hacia un nuevo modelo donde el estado pase a ser un instrumento más eficiente para facilitar la creación de valor, y no sólo para influir en su distribución.

El Estado propio no representa unos beneficios asegurados a los que se pueden contraponer unos costes inevitables. Lo que ofrece el Estado propio es la responsabilidad como país de afrontar los riesgos y aprovechar las oportunidades en un entorno incierto, reconociendo como propios los éxitos y los fracasos colectivos. Asumir esta responsabilidad tiene un valor, pero es un valor subjetivo, vinculado a la conciencia de formar parte de una realidad social concreta con voluntad de proyección política, no el resultado de un análisis coste-beneficio.

La función natural de los análisis de impacto es acotar los riesgos y las incertidumbres asociadas al proyecto, con información y con transparencia. Aportando argumentos fundamentados y contrastables que puedan ser validados o rechazados en el debate público. En particular, los análisis que provienen de instituciones plurales y de prestigio pueden contribuir a clarificar los escenarios, facilitando que las estrategias empresariales y las decisiones de inversión se vayan produciendo con la máxima fluidez posible, sin interferir ni ser interferidas excesivamente por los procesos políticos .