El principal problema de España es que sus mandatarios no creen en ella.
Es evidente que la huida hacia adelante en el tema de las pensiones demuestra que no hay una concepción de Estado.
Un país normal sentaría unas bases para solucionar ese déficit.
Igual como ocurre con la financiación autonómica, debería repartirse el dinero de las cotizaciones y punto. O sea, si un año se recaudará más, los jubilados cobrarían más y, si fuera menos, pues menos...
Eso se podría hacer con pequeñas cantidades. Lo terrible es que a España le faltan dos mensualidades, solo hay dinero para 12 de las 14. Por eso Grecia eliminó las extras...
Evidentemente nadie se atreverá a quitarle el 10% de la pensión a un jubilado. Por eso el gobierno seguirá endeudándose a un ritmo de 20.000 millones de euros al año. Un dinero que bien invertido, repito, bien invertido, proporcionaría los mecanismos para crear una economía de mayor valor añadido, ergo sueldo más altos y cotizaciones más altas...
Pero el PP vive del voto de los pensionistas...
En ausencia de acuerdos parlamentarios en el seno del Pacto de Toledo, y casi sin fondos en la hucha de las pensiones, el Gobierno reconoce que el Estado tendrá que prestar dinero a la Seguridad Social mientras esta siga en déficit. En el mejor de los casos, y según el Programa de Estabilidad remitido recientemente a Bruselas, los números rojos no desaparecerán hasta el año 2021, por lo que serán necesarios préstamos de casi 20.000 millones anuales para garantizar las jubilaciones tanto en 2019 como 2020.
Las cuentas son claras. El presupuesto del sistema, muy ajustado, da para pagar las doce nóminas ordinarias de los pensionistas pero no las dos extras, la de junio y la de diciembre. Teniendo en cuenta que el gasto mensual está a punto de sobrepasar los 9.000 millones, según los datos que difunde el Ministerio de Empleo, y que esa cantidad irá creciendo progresivamente hasta los 10.000 millones en el próximo bienio, el Tesoro tendrá que captar cerca de 20.000 millones tanto en 2018 como en 2019 para prestar a la Seguridad Social.
Esas cantidades se sumarán a los 10.192 millones que ya fueron necesarios en 2017, y a los 15.300 millones que los Presupuestos fijan de préstamo para el ejercicio en curso. Cantidades inferiores a las de los dos próximos años, pero por el hecho de que el Gobierno aún puede recurrir al Fondo de Reserva, del que va a extraer otros 3.826 millones este curso, posiblemente en el mes de junio. La hucha se quedará entonces en 4.269 millones, cantidad que no daría ni para abonar media mensualidad de pensiones.
En total, los cuatro años de préstamos del Estado a la Seguridad Social sumarán una cantidad en torno a los 65.000 millones, todos ellos directos al preocupante registro de deuda pública. Una deuda que aunque se mantenga en un décima por debajo del 100% del PIB, no deja de crecer en volumen, y se sitúa por encima de los 1,16 billones de euros, cifra nunca antes vista.
Lo dicho, un país normal aprovecharía todas las circunstancias actuales adversas para refundarse, cambiar la constitución, convertirse en estado federal y sentar las bases para ser viable.
Por suerte, España va al suicidio.
¡A POR ELLOS!
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