LA GENERALITAT HA FINANCIADO EL ESTADO CON 4.233 MILLONES DE EUROS DURANTE LA CRISIS

A principios de octubre el vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, lamentaba en una entrevista en TV3 que el ejecutivo catalán aún no conocía los datos básicos para elaborar los presupuestos para el 2017: la liquidación del modelo de financiación de 2015 y la previsión de ingresos fiscales. Junqueras denunciaba entonces -en plenas negociaciones para la investidura de Mariano Rajoy- que el gobierno español lo usaba como "arma de presión" a las administraciones públicas, tanto locales como autonómicas y, en concreto, sobre las gobernadas por el PSOE.

Aunque este año no ha sido así, normalmente en julio y en el marco de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) las comunidades de régimen común suelen conocer cuál será la previsión de ingresos con la que contarán para el modelo de financiación del año siguiente. El Estado se basa en las previsiones económicas para calcular cuál será la recaudación por la vía de los impuestos, por lo que hace una estimación de lo que le corresponde a cada comunidad y hace un adelantamiento, lo que se llama anticipo. Dos años más tarde el Estado hace una liquidación de este modelo y anuncia a las comunidades si en su momento recibieron más (liquidación negativa) o menos (liquidación positiva) dinero del que les correspondía.

Las comunidades autónomas, pues, elaboran los presupuestos calculando los ingresos que obtendrán, y que son, básicamente, el anticipo del modelo de financiación y la previsión de recaudación de impuestos propios. Además, suman o restan la liquidación del modelo de financiación de dos años antes.

Esta foto es de marzo pasado. Junqueras tuvo que ir a suplicar a Madrid que Montoro devolviera, al menos a plazos, el dinero mal calculado del ejercicio del 2014.

Según datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, durante los últimos cinco años -los de peor crisis económica- la Generalitat ha tenido cinco liquidaciones positivas consecutivas, es decir, sistemáticamente cada año ha recibido menos dinero del que le correspondían de acuerdo con la recaudación real del ejercicio. En concreto, entre los años 2010 y 2014, la Generalitat ha dejado de recibir 4.233 millones de euros, con los que en la práctica ha estado financiando el Estado.
Además, hay varias comunicaciones durante el año sobre la cifra que finalmente se liquidará. Así, por ejemplo, en 2014 el gobierno español anunció a la Generalitat una liquidación positiva de 2012 de 729,4 millones de euros, pero finalmente Cataluña recibió 646, es decir, 84 millones menos de los previstos por el mismo ejecutivo central, con el consiguiente problema de tesorería y de inseguridad que ello provoca.

Perpetuación del sistema.
Esta situación se perpetuará porque es intencionada por parte del gobierno español. El Estado tiene suficientes herramientas para calibrar adecuadamente el que corresponde a cada comunidad autónoma según la previsión de recaudación. De hecho, este 2017 se liquidará el modelo de financiación de 2015 y todo parece indicar que el importe volverá a ser favorable al gobierno catalán y superior a los 1.551 millones que se dejaron de percibir en 2014, teniendo en cuenta que la economía catalana creció un 3,3% en 2015. La cifra, por tanto, podría superar los 1.600 millones. Además, si en el año 2014 la Generalitat hubiera dispuesto de esos 1.551 millones que no recibió hasta dos años más tarde, el déficit público se habría reducido en un 0,8% y hubiera sido del 1,48% del PIB en lugar del 2,28% registrado. Por lo que cada año el Estado ha podido imputar menos déficit a costa de las comunidades autónomas.

Los años 2008 y 2009, en las postrimerías del gobierno de Zapatero, las liquidaciones fueron negativas, es decir, la Generalitat recibió más dinero del que le correspondían. El sistema de anticipos está sujeto a los errores de previsión del Gobierno, que en ese momento negaba una crisis económica incipiente y previó una recaudación que no se produjo. El ejecutivo catalán aún está retornando aquellas liquidaciones negativas. En un primer momento se exigió el pago en cinco años, aunque después se amplió a 10 y posteriormente a 20 años.