BALANZAS FISCALES: Catalunya que ya cuenta con MOSSOS paga 400 millones por la Policía Nacional y Guardia Civil...

El economista y director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, a menudo defiende que el cálculo de lo que bautizó como "sistema de cuentas públicas territorializados", una alternativa a las balanzas fiscales que elabora la Generalitat siguiendo los métodos avalados internacionalmente, aporta como gran novedad la posibilidad de identificar a los que se destinan los recursos que aportan los ciudadanos de cada comunidad, más allá de saber en términos genéricos su saldo fiscal respecto del Estado.

Los apartados de los anexos del informe de De la Fuente presentan decenas y decenas de tablas, con un gran nivel de concreción, que permiten identificar cuántos euros sencillamente retornan en forma de prestaciones sociales, transferencias o infraestructuras. Otros teóricos beneficios para los catalanes y los de sus empresas, sin embargo, son más cuestionables o, como mínimo, menos directos. Así, por ejemplo, en 2013 el coste de la administración central del Estado -concentrada en Madrid- supuso 973,7 millones para los catalanes, mientras que 1.306,4 millones se destinaron al ministerio de Defensa y al ejército, y 424 millones a la Policía Nacional y la Guardia Civil, a pesar de que en Catalunya tienen casi todas las competencias traspasadas a los Mossos. Son cantidades que no computan como déficit fiscal, ya que, según De la Fuente, benefician a los ciudadanos de Catalunya...
Por lo que el ciudadano catalán paga tanto en seguridad como un estadounidense...


Administración central
El TC, la Casa del Rey, la acción exterior, las Cortes españolas...

El reparto del coste -o los beneficios- de la administración central del Estado en el sistema de cuentas públicas territorializados se hace básicamente con un reparto directo en relación con la población. Así, aunque la inmensa mayoría de organismos estén en Madrid y, por tanto, sus empleados también residan y después hagan las compras en establecimientos de la capital española, De la Fuente considera que los beneficios son equitativos para todos los ciudadanos del Estado y, por tanto, su coste se repartirá de manera igualitaria. Por ejemplo, con respecto al apartado sobre alta dirección del Estado y del gobierno central, con un coste total de 487 millones, su financiación se divide equitativamente entre todos los habitantes de todas las comunidades, a razón de 10,37 euros cada uno. En conjunto, en Catalunya esto significó un gasto de 78,2 millones de euros en 2013.
O sea, los malditos hidalgos-altos funcionarios que deciden no invertir en Catalunya nos cuestan 78,2 millones...

¿Y qué incluye este capítulo? Entre otras cuestiones, el Tribunal Constitucional (TC), al que Catalunya contribuye a financiar con 3,4 millones de euros, una cifra superior a la presupuestada en las cuentas vigentes de la Generalitat -los del 2015- para delegaciones, oficinas y misiones en el exterior, las famosas embajadas en las que el PP o C 's culpan a la falta de recursos del Gobierno, si bien tienen un tope de gasto de 3,1 millones. Y, de hecho, en el ejercicio a que se refieren las últimas balanzas del Estado, el presupuesto designado era de sólo 1,1 millones. Igualmente, el presupuesto total del Consejo de Garantías Estatutarias es de 3,3 millones, también menos que los recursos que los catalanes destinan a pagar el TC. Además, Catalunya contribuyó con 2,2 millones a financiar la Casa del Rey, con 5,5 millones la Presidencia del Gobierno (Rajoy), con 4,6 millones el Consejo General del Poder Judicial o con 32,3 millones en el Congreso y el Senado -no muy menos, de hecho, que el presupuesto total del Parlament, de 53,2 millones-


Por otra parte, otro apartado del sistema de cuentas públicas territorializados indica que la acción exterior del Estado recibió de las arcas catalanas 198,4 millones de euros, cantidad a la que se ha restado la destinada a cooperación el desarrollo y que no incluye las embajadas y consulados en el extranjero. Esta partida, de hecho, cuesta en Catalunya 50,8 millones y se encuentra en un apartado de "otros servicios de interés general", junto con transportes entre ministerios, el Boletín Oficial del Estado o el coste de elecciones y partidos políticos -el cual, por cierto, fue de 11 millones para los catalanes-.

250 millones nos cuesta la acción exterior española que consiste en vetar y boicotear a Catalunya.
Esto se llama ser cornudo, pagar la bebida hasta que arrojan y tragarnos su vómito...


De esta manera, Catalunya destina 16 veces más recursos a financiar las delegaciones españolas en el exterior que sus propias. Sea como sea, las balanzas de De la Fuente indican que los catalanes gastaron 102,9 millones en estos servicios de interés generales, así como 374,7 millones para gestión financiera, tributaria y presupuestaria del Estado -incluyendo la Agencia Tributaria española o el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas- y 31,7 millones en investigación social y económica -incluyendo el Instituto Nacional de Estadística-. En todas las cantidades se han excluido las transferencias a otras administraciones o entidades y el gasto destinado a organismos reguladores de la energía, las telecomunicaciones, el mercado de valores o el Banco de España, estructuras aún sin equivalencia en Catalunya.

MARXEM JA, COLLONS, MARXEM JA!