España capital Ankara.

Transcripción del fabuloso artículo escrito por Xavier Diez en el blog de wilaweb y en El Punt/Avui:


Germà Bel, para hacer entender la idea de poder de las élites españolas, utilizó la comparación con la cosmovisión centralista del estado francés. Se trata de la obra "España, capital París", en el que alerta del derroche económico de la alta velocidad con el objetivo político de establecer una estructura jerárquica en la que Madrid trataba de convertirse en el centro político y económico, la alfa y omega de España. Desde una perspectiva geopolítica, no le falta razón al economista de Alcanar. Históricamente, España se ha reflejado en el despotismo borbónico y su reconversión posterior jacobina. Sin embargo, como ya señaló Borja de Riquer en una polémica tesis, España, más que imitar, ha acabado haciendo una fotocopia de baja calidad de las estructuras políticas y administrativas de Francia, en la que los titulares del estado han sido incapaces de seducir la ciudadanía, o de construir instituciones mínimamente eficaces o legitimadoras.

Es recomendable leer el estallido del independentismo catalán (y probablemente, a medio plazo el vasco y otros) como un problema de obsolescencia española. Si bien desde el siglo XIX se hablaba de las "dos Españas" para explicar los defectos estructurales del edificio español, la crisis del régimen del 78 no deja de manifestar que España, el quinto país en población de la UE, sufre graves disfunciones que lo hace inviable como nación. Analistas como Daren Acemoglu y James A. Robinson en su obra "¿Por qué fracasan los países?" dedicaba uno de los primeros capítulos a analizar España como una nación quiebra. El libro, uno de los grandes impactos editoriales recientes, cincelaba un término que ha hecho fortuna: "élites extractivas". El caso español se convertía en un paradigma de cómo unas élites vinculadas al hueso duro del poder, incapaces de establecer un proyecto productivo, se dedicaban a parasitar las estructuras políticas y económicas del país, a lo largo de generaciones, hasta hacerlos fracasar.

Si hoy hay una comparación más expresiva para caracterizar el estado español, no lo encontraríamos en Francia, sino en Turquía. Ambos países coinciden en convertirse en los restos de antiguos imperios que se niegan a aceptar el hecho de ser uno más en el concierto internacional, y no precisamente de los más relevantes o simpáticos. Que sus élites son miedosas e incapaces de administrar la complejidad y las contradicciones. Que perciben su identidad a partir de la obsesión y la esencialidad, no como construcción cultural, sino como verdad revelada, desde la inquietante dimensión religiosa, en la que la disidencia es combatida como una herejía. Ambas sociedades mantienen una apariencia democrática, y sin embargo, cuando se atacan los intereses de sus respectivas élites, la maquinaria institucional hace funcionar la arbitrariedad más salvaje.

La presencia de decenas presos políticos como Otegui o el sindicalista Rafael Díez Usubiaga, la caza de brujas contra Podemos en Madrid, el encarcelamiento de los titiriteros, la imposibilidad de juzgar el franquismo (o de indagar sobre los más de 600 muertes de la Transición ), la impunidad de la ultraderecha, o la negativa a considerar el franquismo como el Holocausto español, en la acertada definición de Paul Preston, no resulta demasiado diferente a la persecución que mantiene Ankara sobre los periodistas críticos, el terrorismo de estado contra los kurdos, la impunidad de los paramilitares nacionalistas o el no reconocimiento del genocidio armenio. El uso parcial de las instituciones, la discutible independencia judicial, o la presencia de unos medios de comunicación reaccionarios con pleno apoyo público y de grupos privados vinculados a las élites extractivas respectivas acaban de componer la idea de que España y Turquía, en los extremos de Europa, son dos estados inestables y en descomposición, con miedo a la democracia real, ya que puede alterar profundamente unos equilibrios internos consistentes en relaciones de subordinación contra su ciudadanía y las naciones que las componen. En el caso más cercano, esto queda reflejado en la expresión de Lucas Salellas "el franquismo que no marcha", y que sin embargo son los viejos apellidos imperiales que suministran buena parte de los consejos de administración del Ibex 35 y el alto funcionariado judicial, administrativo o diplomático. Lo mismo que derrocha dinero público para negar la condición nacional de Catalunya.