El estado español tampoco cumple con la ley de dependencia en Catalunya.

Se mofaba el lector FLA (en este comentario) de la desgracia de una familia que había decidido matar a su hija y después suicidarse. Presunta consecuencia de que el estado español no cumpla con su parte de la ley de dependencia.

La ley decía:
2. La financiación pública de este nivel de protección correrá a cuenta de la Administración General del Estado que fijará anualmente los recursos económicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 32.

El estado español estuvo aportando unos 1.000 millones cada año (repartido entre las comunidades) hasta que el 2015 decidió que solamente contribuiría con 3 euros por dependiente (unos 27 millones...).
Curiosamente esos 1.000 millones que se ha "ahorrado" el gobierno español coinciden con lo que costará lo 17 kilómetros de AVE entre Oviedo y Pola de Lena...

Estar en España no solo nos cuesta dinero, también calidad de vida, vidas...
Con los recortes en sanidad y la nula inversión en infraestructuras, estar en España tiene un plus de peligrosidad para los catalanes. Nuestras posibilidades de morir son más altas que si fuéramos independientes...

En el desarrollo de la Ley de dependencia, Catalunya ha dejado de percibir 240 millones de euros en 3 años para financiar la Ley, debido a los recortes del Gobierno del Estado.

Con ese dinero que han dejado de recibir podrían haberse incrementado 13.000 plazas residenciales o incluir 26.500 personas en el sistema de protección, resituar la figura del cuidador no profesional tan maltratada por los recortes del Gobierno del Estado, o incrementar 6.000 plazas de servicios residenciales y diurnos para personas con discapacidad y personas con enfermedad mental.

Además, el Estado ha fijado de forma unilateral su aportación para la financiación del nivel mínimo de protección que, de acuerdo con la Ley, es la parte que el Estado debe garantizar para cada uno de los beneficiarios del sistema, aportación que, además, ha sufrido una importante recorte económico mediante las leyes de presupuestos generales del Estado desde el año 2012, lo que ha obligado a impugnar estas disposiciones ante el TC.

Por otra parte, el Estado español también ha eliminado la financiación del llamado nivel acordado, a partir de la ley de presupuestos generales del Estado para 2012, que representaba para Catalunya cerca de 49 millones de euros, importe que el Departamento de Bienestar Social y Familia destinaba básicamente a la inversión y construcción de nuevas plazas residenciales públicas para personas mayores y para personas con discapacidades.

Además...
• El Estado incumple sistemáticamente hasta 12 sentencias del Tribunal Constitucional y Supremo, favorables a la gestión territorial del 0,7% del IRPF. La territorialización de los fondos del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales ha sido una reivindicación constante del Gobierno de la Generalidad desde el año 1998.
• Este incumplimiento de la territorialización del 0,7% del IRPF para fines sociales implica que más de 20 millones de euros recaudados en Catalunya no retornan, lo que conlleva menos dinero para las entidades sociales que actúan en Catalunya .
Esta es también una demanda histórica de entidades sociales y Gobierno que reclaman que retorne a Catalunya lo que se recauda.

Teniendo en cuenta que Catalunya tiene competencias exclusivas en materia de servicios sociales, se deduce que la gestión y distribución de la recaudación de esta cuantía debería corresponder a la Generalitat de Catalunya. Así lo confirman hasta 12 sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que consideran que el Gobierno Central vulnera competencias de la Generalitat a la hora de convocar subvenciones a cargo de la asignación del 0,7% del IRPF y dejan claro que corresponde a la Generalitat la tramitación, resolución y pago de estas ayudas.

Ya lo ven, las sentencia del Tribunal Constitucional son de obligatorio cumplimiento para todos menos para estado español.

TENIM PRESSA!!!!!