El día después de la independencia de Catalunya.

Todo el mundo sabe, hasta prestigiosos economistas (premios Nobel) que la Catalunya independiente es viable y que, en unos 10 años, junto con los escandinavos, será uno de los países con mayor calidad de vida del mundo.
Y de los más ricos.

Pero, el día 1 de la independencia sería un poco complicado, España seguiría cobrando los impuestos a quien lo deseara, no devolvería el IVA y boicotearía la agencia tributaria catalana.

AÚN ASÍ...

¿Cuánto dinero le harían falta como mínimo a la Generalitat para empezar a funcionar con cierta normalidad en el momento que el estado propio se convirtiera en una realidad? Los expertos consultados coinciden en que, en un primer momento, haría falta al menos el equivalente a los gastos corrientes de la administración catalana. De acuerdo con la memoria explicativa de los presupuestos de la Generalitat para 2012, los gastos corrientes previstos ascendieron a un total de 28.791,3 millones de euros.

Con este dinero en la caja de la Hacienda propia, el Gobierno podría garantizar el pago de nóminas de funcionarios, facturas de proveedores, intereses de la deuda y servicios básicos como hospitales y escuelas. La cifra se eleva hasta los 31.273,6 millones si se incluyen inversiones reales y transferencias de capital. Los 30.000 millones de euros que habría que recaudar en el arranque habría que sumar las pensiones y los subsidios que ahora paga el Estado y que, si fuera proclamado el estado propio, debería asumir una Seguridad Social catalana.


En el proceso hacia la Hacienda propia se identifican dos fases: una de preparativos -la actual-, en el que la Generalitat construye una Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) preparada para convertirse en administración tributaria única en territorio catalán -se puede invocar el artículo 204.2 del Estatuto, que habla de un "consorcio" entre las dos administraciones-, y una segunda fase de desconexión en la que el estado español deja de recaudar los impuestos en Catalunya. Un teórico posible escenario es que se llegue a un acuerdo institucional para que este traspaso de poderes se ejecute de manera amistosa, ordenada y pactada.

Pero sobran los motivos para sospechar que el momento de ruptura será mucho más agitado. Cuando el ATC tenga una arquitectura bastante sólida, el Gobierno puede decretar que, a partir de una fecha determinada, los ciudadanos de Cataluña deberán llevar sus impuestos a la ventanilla catalana y olvidarse de la española. Una apuesta de extrema dificultad. Si el Estado se negara a aceptar este cambio en el statu quo, la batalla por el control de la caja sería un hecho.

"El contexto político lleva a un momento en que los ciudadanos deberán elegir donde pagan los impuestos. Este tipo de plebiscito tributario será casi tan decisivo como la consulta", reflexiona en el ARA un alto dirigente de CiU. La apelación "patriótica" a los catalanes a acudir al ATC no se hará en todo caso antes de haberlos consultado -en un referéndum o en unas elecciones plebiscitarias- si desean un estado propio, y el proceso se haya legitimado en las urnas.

ESTA CLARO QUE EL QUE NO PAGARA SUS IMPUESTOS EN CATALUNYA NO TENDRÍA SANIDAD NI SUS HIJOS DERECHO A ESCOLARIZACIÓN NI NADA...

Si en esta hipotética transición el Gobierno decidiera hacer un llamamiento a los contribuyentes, se les debería ofrecer plena seguridad jurídica para que no fueran castigados fiscalmente por el estado español. Y la llamada sólo funcionaría si hubiera una colaboración masiva de una ciudadanía dispuesta a corresponsabilizarse del proceso de cambio. Aunque el ATC ya va acumulando información fiscal a pequeña escala, será en la segunda y decisiva fase de activación de la Hacienda propia cuando deberá extender este censo al conjunto de la población para poder luchar eficazmente contra el fraude.

Para conseguir la complicidad ciudadana, la catedrática de Hacienda Pública de la UB Núria Bosch apunta que será imprescindible "crear un clima de confianza" en torno a la nueva administración tributaria catalana. Bosch y el resto de economistas consultados coinciden en subrayar la importancia de ganarse el empresariado. Son las empresas las que tienen el grueso de información fiscal de sus trabajadores, aplican las retenciones a los salarios y liquidan impuestos de peso como el IVA. Tanto por los datos como por el volumen de recursos que aportarían, las empresas constituyen una pieza crucial del proceso. También lo son, evidentemente, las entidades financieras, a través de las cuales los profesionales pueden hacer el pago de impuestos.


"Si no hay colaboración por parte de los empresarios, será difícil que la Hacienda propia pueda funcionar", indica la académica Marta Espasa. Como se puede implicar un segmento de población tradicionalmente poco proclive a los cambios ya la inestabilidad?

El contexto político ante este choque de legitimidades-las agencias catalana y española compitiendo para recaudar los mismos impuestos jugará un papel clave. Según el equilibrio de fuerzas y la presión en la calle, el proceso podría ir consolidándose y muchos indecisos decidirían acomodarse al nuevo escenario. El golpe psicológico de ver una gran compañía haciendo el paso de dirigirse al ATC podría generar un "efecto dominó" sobre las demás, comentan fuentes nacionalistas. En este punto culminante de la transición nacional también habrá que jugar la carta de los incentivos: una Catalunya independiente, según varios estudios, dispondría de más recursos y podría rebajar la presión fiscal. Incentivos combinados, pero, con un régimen de sanciones para quien desatienda una legislación catalana que obligaría a liquidar los impuestos al ATC.


El mínimo de supervivencia inicial rozaría los 30.000 millones. Todas las fuentes creen que el primer año sería de sufrimiento, pero, una vez ordenados los cuentas, el Gobierno recaudaría una cifra mucho más elevada para pagar gastos adicionales que ahora asume el Estado. Bosch recuerda que empresas con sede en Madrid y producción en Catalunya deberían liquidar los impuestos al ATC. Según sus cálculos, si en 2010 hubiera tenido estado propio, Cataluña habría generado unos 68.000 millones en impuestos de todas las administraciones y cotizaciones sociales. El estado español, opina el economista Miquel Puig, "es ahora mismo inviable", mientras que un estado catalán nacería "muy endeudado" pero sería "viable y podría equilibrar sus cuentas".