El proceso de diseño de la futura Hacienda catalana ya está en marcha. El proyecto está todavía en una fase muy inicial, pero en el primer semestre del año el Gobierno ha creado el equipo de expertos encargados de construir la estructura tributaria del estado propio y ha comenzado a explorar modelos recaudatorios que respondan los criterios de eficiencia y transparencia.
Los sistemas escandinavos son una de las principales referencias -no por su elevada presión fiscal, sino por los procedimientos de recaudación de impuestos y persecución del fraude-, aunque también se estudian pautas de los países germánicos y anglosajones. El Gobierno pretende reflejarse en las prácticas de los estados de la OCDE con unos índices de fraude más bajos y prevenir las disfunciones de la pésima Agencia Tributaria estatal.
El sistema español no ha sabido -o no ha querido- hacer frente a la economía sumergida y, por ello, la recaudación queda muy por debajo de su potencial. El ejecutivo de Artur Mas ha acabado descartando implantar el método español, no sólo porque tejer una telaraña informática tan potente requeriría una costosa inversión, sino también porque este modelo-basado en atemorizar a los contribuyentes que están dentro del sistema no es del todo eficaz para combatir el fraude.
El ejemplo nórdico
Otro inconveniente del modelo español es la inseguridad jurídica para el contribuyente, que para hacer la autoliquidación de los impuestos que le corresponde pagar se ve obligado a interpretar la farragosa legislación fiscal. En cambio, según apunta el ARA el economista Miquel Puig, en estados del centro y el norte de Europa "es la administración quien calcula el importe a liquidar". Ponen más funcionarios, pero dedicados sobre todo a perseguir a los que se sitúan fuera del sistema.
Puig -que ultima un ensayo sobre qué podría aprender una Catalunya independiente de países como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Holanda, Suecia y Suiza- señala que otro punto fuerte de estos sistemas de recaudación es que se basan en la transparencia y la corresponsabilidad. Los datos tributarios de los ciudadanos son públicas y nadie quiere quedar retratado como un defraudador.
En el último informe del Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento (CAREC), entregado al Gobierno en julio, se hacen algunas recomendaciones justamente para mejorar el control tributario, como elevar la "moral fiscal" de la ciudadanía y los empresarios para incentivar el cumplimiento cívico de sus obligaciones y hacer que interioricen que esto revierte en unos mejores servicios sociales. También se sugiere segmentar los contribuyentes en función de sus perfiles de riesgo, para concentrar así los esfuerzos de inspección en los "no cooperadores".
Una vez estudiados los sistemas de referencia, la intención es asimilar diversos aspectos y crear un modelo propio de Catalunya. Para llevarlo a cabo, el Gobierno ha fichado dos antiguos cargos de la administración estatal: Juan Iglesias, experimentado inspector de la delegación de Hacienda en Barcelona, y Jordi Boixareu, ex jefe de la delegación en Girona. El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, y el de Presidencia, Francesc Homs, se han implicado, incluso el propio Mas lo sigue de cerca.
La Hacienda propia es, de hecho, la estructura de estado más trascendental que quiere construir el Gobierno, y para evitar interferencias las tareas se desarrollan con la máxima discreción.
Una ley para antes de la consulta
La voluntad inicial es terminar el trabajo a mediados de 2014, previsiblemente antes de la consulta de autodeterminación. El modelo quedará definido en un proyecto de ley que deberá aprobar el ejecutivo. Pero antes el Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN) entregará dos informes decisivos para el proyecto: sobre la estructura de la Agencia Tributaria y sobre la etapa inicial de la Hacienda del estado propio. Hacia el mes de octubre se presentará un ya finales de año el segundo.
Uno de los elementos claves-ya la vez más complicados-para el éxito del proyecto es lograr una sólida base de datos informatizada de los contribuyentes. En el actual escenario de choque institucional no parece realista pensar que el Estado cederá toda la información a la Generalitat para facilitarle el trabajo. El año pasado ya firmó un convenio de colaboración con las cuatro diputaciones, que pueden ser de gran ayuda, porque el mundo local se hace cargo de impuestos como el IBI, el IAE y el de vehículos. Pero no es suficiente. El 94% de los tributos no locales-entre los cuales los más importantes: el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades-los recauda la administración estatal, y la Hacienda catalana necesitará conocer sus datos.
La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ya existe, pero es un ente aún raquítico que sólo recauda el 6% de los impuestos no locales y dispone de unos 350 trabajadores, frente a los más de 3.000 de la delegación estatal de Hacienda. Para ir dotándola de más musculatura y alimentarla de información, se activó hace un año una campaña para la soberanía fiscal, invitando instituciones, empresas y contribuyentes a liquidar sus impuestos al ATC y no en la ventanilla española. El de Alella fue uno de los primeros ayuntamientos que se adhirieron y este año acabará ingresando cerca de 500.000 euros. Por ahora son gestos simbólicos, porque el ATC no se queda ese dinero, sino que los transfiere inmediatamente a la agencia estatal para no cometer ninguna ilegalidad. "Pero sirve como ejercicio preparatorio para cuando llegue el momento de la verdad y el Gobierno pase a gestionar directamente todos los impuestos", argumenta el ARA el alcalde de Alella, Andreu Francisco (ERC).
Más medios humanos
En esta fase preparatoria del ATC también deberá crecer en efectivos. Si hubiera suficiente sintonía con el Estado para acordar que el ATC se acabe convirtiendo en administración tributaria única en Catalunya, se podría hacer un simple traspaso del personal-ya formado-de la delegación de Hacienda española en el ente catalán . Si no es posible, Marta Espasa, profesora de Hacienda Pública de la UB, señala que habrá que abrir convocatorias de plazas para ir fortaleciendo el cuerpo de personal del ATC, ya sea ofreciendo "condiciones laborales más atractivas" para atraer profesionales cualificados de la delegación estatal, o bien invitando asesores fiscales y otros especialistas del mundo privado a implicarse en el proyecto.
Esta tarea de construcción de la Hacienda propia será una de las prioridades del Gobierno para los próximos tiempos. El ahogo financiero al que se ve sometido-año está obligado a hacer un ajuste de 3.000 millones de euros y en 2014 todavía tendrá que rebajar su déficit hasta el 1% del PIB-la empuja a proseguir los planes. ERC, su socio parlamentario, pedía esta semana por boca de su secretario general adjunto, Lluís Salvadó, que "se acelere el proceso de transición nacional" para dar a luz tan pronto como sea posible la Hacienda catalana. Pero la resistencia del Estado es más que previsible. El gobierno de Mariano Rajoy se opone tajantemente a ceder a Catalunya la recaudación de sus impuestos... Lógico ellos tienen carta blanca para robar lo que quieran.
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